El 2 de octubre de 2026, Boris Vujčić, vicepresidente del Banco Central Europeo, pronunció un discurso cuyo argumento central sonará familiar a quien lleva años siguiendo la integración financiera europea: la concentración bancaria en la eurozona ha avanzado durante la última década, pero lo ha hecho casi exclusivamente mediante fusiones y adquisiciones de carácter nacional. En 2017 ya escribí, junto con José A. Torres, sobre las “concentraciones bancarias transfronterizas en la Unión Europea”: poco parece haber cambiado.
Habría que llevar un registro de las veces que desde Fráncfort del Meno se ha lanzado este mismo mensaje. El mensaje oficial lleva una década siendo el mismo. Lo que cambia es el nombre de quien lo pronuncia.
La tesis del BCE tiene, bien mirada, dos niveles distintos que conviene no confundir. El primero es institucional y estructural: una mayor integración bancaria transfronteriza permitiría a los bancos aprovechar economías de escala, diversificar riesgos entre varios países y fortalecer sus modelos de negocio. Eso es cierto, y la comparación con Estados Unidos —donde la concentración bancaria supera con creces a la europea y las fusiones cruzaron fronteras estatales hace décadas— resulta ilustrativa. El segundo nivel es el del comportamiento real de la clientela. Y aquí el discurso supervisor creemos que pierde pie.
Si la integración financiera es la herramienta más poderosa para mejorar la competitividad europea, ¿por qué el crédito hipotecario y el crédito al consumo siguen siendo, abrumadoramente, productos locales? No es un detalle menor. Es el núcleo del problema. La normativa prudencial —el Reglamento o la Directiva de Requerimientos de Capital, los requisitos de liquidez, el tratamiento de las filiales frente a las sucursales, etcétera— está pensada para gestionar riesgos sistémicos, no para persuadir a un particular de Zaragoza de que solicite su hipoteca en un banco finlandés, ni a un matrimonio de Burdeos de que abra su cuenta corriente en una entidad de Tesalónica. Son dos planos distintos. Confundirlos lleva a sobredimensionar el alcance de la reforma regulatoria.
Escribo esto con la consciencia de que la soberanía financiera europea tiene dimensiones que van más allá de la arquitectura supervisora: la dependencia tecnológica de modelos de inteligencia artificial de origen extraeuropeo añade una capa de vulnerabilidad sistémica que agrava la fragmentación del mercado bancario (con 21 países con el euro como divisa, seis sin él, y el euro digital asomando en el horizonte).
Escribo también con la memoria de lo que traté en Cinco Días, con Arturo Zamarriego, al hilo de la OPA frustrada del BBVA sobre el Sabadell: ese episodio “nos ponía ante el espejo”. El espejo seguía mostrando lo mismo que siempre: Estados que no quieren perder sus campeones bancarios nacionales, Gobiernos que anteponen la narrativa del empleo y la sede a la lógica de la escala, y supervisores europeos que tienen toda la razón técnica del mundo pero carecen de los instrumentos políticos para imponerla.
Ahora el caso que sobrevuela el sector es el de Sabadell y BPCE. El segundo grupo bancario francés ha adquirido aproximadamente un porcentaje significativo del capital de Sabadell, con la intención declarada de explorar una cooperación estratégica. Por ahora, no es una fusión, y llamar a esto una integración bancaria transfronteriza es anticipar los acontecimientos.
Una cosa es la concentración del capital —accionistas franceses en un banco español— y otra muy distinta la integración operativa que realmente transformaría el mercado minorista europeo. Para que un cliente de Lleida o de Tarragona se beneficie de una hipoteca más barata gracias a la escala de un banco ibero-francés, hace falta algo más que un asiento en el consejo de administración y un acuerdo para cruzar productos. Hace falta, sobre todo, que ese cliente quiera operar con una entidad cuyo centro de decisión efectivo esté, por ejemplo, en París. La evidencia histórica sugiere que esa disposición no existe de forma mayoritaria, y que la digitalización no la ha creado tan rápido como algunos esperaban.
Nótese, por contraste, que en los servicios de pago y en el crédito al consumo digital la lógica sí funciona de otra manera: el usuario acepta sin resistencia que quien le financia una compra a plazos sea una entidad de otro país, siempre que la interfaz sea fluida y el precio competitivo. Pero eso no es banca de relación. Es banca de transacción. Y la Unión Bancaria no se construye sobre Revolut, VISA o Mastercard, sino sobre la capacidad de canalizar ahorro y crédito a largo plazo de forma eficiente en toda la eurozona.
No tengo motivos para dudar de la sinceridad de Vujčić cuando afirma que la integración financiera es la herramienta más poderosa para la competitividad europea. La pregunta que me hago —y que le haría, si tuviera ocasión— es más sencilla: ¿qué ha cambiado estructuralmente desde que sus predecesores dijeron exactamente lo mismo? Porque si la respuesta es «poco», quizás el problema no esté en la voluntad supervisora, sino en que le estamos pidiendo a la regulación que resuelva algo que la regulación sola no puede resolver: el apego del ciudadano europeo a su banco de siempre.
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