Son solo cuatro párrafos, cuatro, los de la declaración institucional, de 18 de septiembre de 2015, de las patronales bancaria y del sector de las cajas de ahorros (o de los bancos procedentes de estas), la Asociación Española de Banca –AEB– y la Confederación Española de Cajas de Ahorros –CECA– (presidida por Isidre Fainé), acerca de la posible ruptura del marco estatal básico de convivencia.

Como se señala mediante nota al pie de la declaración, “las  principales  entidades  asociadas a AEB y CECA son: Caixabank, Santander, BBVA, Bankia Sabadell y Popular”. Para qué decir más.

La nota institucional se centra “en los riesgos que para la estabilidad financiera comportaría cualquier decisión política que quebrantara la legalidad vigente y conllevara la exclusión de la Unión Europea y del euro de una parte de España”.

Obviamente, no se entra en cuestiones políticas (los banqueros siempre han sido gente prudente) pero sí en las implicaciones para las entidades mismas con implantación en Cataluña, que posiblemente habrían de abandonar la comunidad autónoma, con la consiguiente reducción de la oferta financiera, en menoscabo de los depositantes y otras personas que entran en relación con las entidades bancarias.

Ciertamente, desde noviembre de 2014, las cinco entidades mencionadas, y muchas otras entidades españolas, están sujetas a la seria y rigurosa regulación europea y a la supervisión por el Banco Central Europeo, en los primeros pasos hacia una verdadera Unión Bancaria, con el año 2024 como punto de arranque efectivo (momento en el que el Fondo Único de Resolución estará totalmente dotado).

La Unión Bancaria no es un fin sino un medio para el logro de otros fines mucho más irrenunciables. Por tanto, es razonable pensar que cualquier paso que se diera debería contar, en último término, con la aquiescencia de la UE y de la UEM.

El último párrafo de la declaración es audaz, pues las patronales se adentran en el terreno del consejo (razonable) dirigido a los líderes políticos “para que, por medio del diálogo, impulsen las reformas que permitan seguir progresando en la consecución de mayores niveles de bienestar y cohesión social para todos”.

Sin prejuzgar la cuestión, y partiendo de que en un régimen democrático como el que nos hemos concedido, todo, absolutamente todo, se puede discutir, jamás ha existido en la Historia un soberano que no estuviera asistido por banqueros.