El Banco Central Europeo ha emitido una opinión, de 10 de abril de 2015, sobre el proyecto de ley presentado por el Ministro de Economía, Infraestructuras, Asuntos Marítimos y Turismo de la República Helénica, que pretende suspender las subastas sobre la primera residencia de ciertos deudores y sus fiadores.

La norma afectaría a las subastas, no a la continuación del proceso de ejecución hipotecaria comenzado por el banco acreedor.

Los deudores deben cumplir ciertos requisitos para beneficiarse de la medida:

– Los ingresos netos anuales no deben exceder de 50.000 euros.

– El valor de su patrimonio no debe exceder de 500.000 euros.

– Los depósitos y otros activos mobiliarios, radicados tanto en Grecia como en el extranjero, a fecha 20 de noviembre de 2013, no deben superar los 30.000 euros.

Los deudores con ingresos de hasta 35.000 euros pagarán al acreedor una cuota mensual igual al 10% de sus ingresos netos mensuales; los que estén por encima de 35.000 euros pagarán el 10% citado hasta dicha cantidad, y un 20% sobre el resto.

El incumplimiento por el deudor de estas obligaciones conllevará la suspensión de las medidas protectoras.

Esta regulación prorroga y amplía la de 2010.

Lo anterior es la descripción objetiva de las medidas, pero lo que viene a continuación son las observaciones del Banco Central Europeo.

La autoridad monetaria y supervisora no se anda por las ramas. Las medidas, desde su implementación en 2010, han tenido un impacto adverso en la cultura de pagos griega, y se han convertido en uno de los obstáculos para dar una solución a los préstamos en mora de los bancos griegos, reforzando el círculo vicioso de inestabilidad financiera-inestabilidad económica-no concesión de crédito.

Los efectos que se desprenden de la regulación no están bien focalizados sobre un grupo reducido de deudores vulnerables que demanden una verdadera protección, además de que son inadecuados, crean «riesgo moral» y minan la concesión de crédito en el futuro. 

En concreto, las medidas del proyecto de ley griego, continúa el Banco Central Europeo, fomentan que los deudores que no se hallan en situación de auténtica necesidad dejen de cumplir sus obligaciones o las cumplían solo parcialmente, a pesar de poder darles satisfacción en toda su extensión («strategic default»).

Los bancos reaccionarán, al parecer, dando menos crédito y cargando mayores tipos de interés a los consumidores, lo que acarreará menos crecimiento y creación de empleo.

La insuficiencia del enfoque de las proyectadas medidas causaría injusticia, asimismo, desde una perspectiva social. El Banco Central Europeo no es insensible a la crisis humanitaria, pero afirma que prefiere una red de seguridad social antes que estas medidas con sus efectos adversos. La protección social se podría completar con una mejora de las condiciones de algunos deudores hipotecarios, similares a las que se le someten pero mucho menos intensas que las previstas por el ministerio de economía griego, pues las relaciones entre deudores y acreedores se deben sustentar sobre sólidos pilares.

Para el Banco Central, la base de la moratoria es excesivamente generosa, superando ampliamente a los deudores vulnerables y de bajos ingresos, lo que desincentiva la cooperación de los bancos y sus clientes. Igualmente, dejaría sin eficacia práctica otras reformas de los últimos años.

El Banco Central Europeo pide a las autoridades griegas una evaluación más sosegada del impacto del proyecto de ley, que podría ser contrario al acuerdo alcanzado recientemente por Grecia con el Eurogrupo, en febrero de 2015.

Muchas de estas reflexiones se incorporan, casi literalmente, en el discurso del gobernador del Banco de España dictado en Granada, el mismo día 10 de abril, como se observa en los siguientes párrafos:

«Primera, en este nuevo marco, es fundamental que la legislación preserve la cultura de pago que tradicionalmente ha existido en el mercado hipotecario español. El deterioro de esta cultura, tal y como ocurrió en alguno de los países miembros de la UEM acogidos a programas de rescate de la Unión Europea, sería, realmente, muy negativo para la estabilidad del sistema financiero.

Segunda, las modificaciones en la legislación deben encontrar un adecuado equilibrio entre los derechos de los acreedores y los de los deudores, especialmente de aquellos en situación de exclusión social, y querría destacar la conveniencia de centrar los esfuerzos en el ámbito de las políticas sociales: un país con el grado de desarrollo económico, social e institucional de España tiene medios suficientes para afrontar y resolver las situaciones más dramáticas e inaceptables de exclusión y necesidad sin, por ello, afectar a la estabilidad financiera».

Ciertamente, en España también se han suspendido, hasta 2017, los lanzamientos en los procesos de ejecución hipotecaria, disponemos de un Código de Buenas Prácticas y de un Fondo Social de Viviendas, pero con un alcance, en cuanto a los potenciales beneficiarios, muchísimo más restringido.

Por suerte, entre Grecia y España media un abismo.

Nuestros vecinos mediterráneos nos hacen pensar en el refrán: más vale pasar un momento rojo que cien morado. Medidas tan poco realistas como las que propugnan se pueden identificar sin dificultad con una manifiesta voluntad rebelde, rayana, por el exceso, en el sentido del humor. Las autoridades europeas no deberían demorar más el acto final de la tragedia griega, sea en un sentido o en otro. Con toda probabilidad, Sócrates, el tábano de Atenas, hubiera tenido argumentos para encogerse de hombros y defender con igual eficacia a tirios y troyanos.