El Informe de Estabilidad Financiera del Banco de España, edición de otoño de 2021, recoge un interesante recuadro (págs. 119-121) sobre el valor de la vivienda —como activo económico y como colateral de una operación crediticia— y la degradación ecológica, ilustrado con la situación del Mar Menor.

No se puede negar que, en los tiempos actuales, para una adecuada gestión por parte de las entidades financieras (o las autoridades supervisoras), es necesario disponer de unas competencias básicas en materia de cambio climático, de recursos hídricos y marinos, de contaminación, de biodiversidad y de ecosistemas, entre otras.

El Banco de España inicia su análisis describiendo el fenómeno denominado eutrofitación: “Este proceso se debe al incremento de nutrientes, que provoca un inusitado aumento de fitoplancton y estimula la proliferación de algas en la laguna. Esto, a su vez, hace que la luz no pueda filtrarse adecuadamente, lo que ha provocado desde 2015 la destrucción de gran parte del ecosistema. La materia muerta en descomposición resultante absorbe grandes cantidades de oxígeno, lo que ha culminado, en varias ocasiones, en la aparición de grandes cantidades de peces muertos en la costa”.

Partiendo de aquí, el supervisor trata de determinar “si esta situación está afectando a la valoración de vivir en el Mar Menor”. El Banco de España concluye que “el impacto de la degradación ambiental del Mar Menor podría haber supuesto una diferencia de retorno en la inversión residencial de un 45 % en 6 años”.

Desde el punto de vista de la estabilidad financiera, “se plantean dos preguntas en este contexto. Por una parte, cuál es el efecto riqueza asociado a esta reducción en la tasa de retorno y, segundo, qué consecuencias puede tener sobre las condiciones crediticias de aquéllos préstamos que utilicen como colateral viviendas afectadas por un deterioro ecológico de este tipo. Lógicamente, si este problema se circunscribe a un área muy concreta como puede ser el Mar Menor, la estabilidad del sistema financiero español no se vería amenazada. Pero si se extiende a un ámbito mucho mayor, como podría ocurrir, si, por ejemplo, como consecuencia del cambio climático, el nivel del mar sube de forma significativa, las consecuencias podrían ser materiales”.

Respecto de lo primero, el supervisor estima “una pérdida de riqueza de 4.150 millones de euros en el periodo de análisis, relativo a un escenario donde la catástrofe ecológica no se hubiera producido”.

Y, respecto de lo segundo, concluye que los resultados “sugieren que un deterioro ecológico como el descrito tiene potencial para reducir de modo significativo el valor del colateral disponible, dificultando de este modo el acceso al crédito en las áreas afectadas”.

A todo ello le añadimos varias consideraciones. En lo que llevamos de 2021, los fenómenos meteorológicos y naturales extremos con impacto potencial en la riqueza y en la solvencia de las familias y las empresas han sido variados: temporal “Filomena”, incendios en Ávila y Málaga, erupción volcánica en La Palma…

La mayor cobertura de los medios de comunicación a noticias relacionadas con el cambio climático y sus efectos, sin que se pueda negar la evidencia científica, así como a otros fenómenos que antes pasaban más desapercibidos, puede sobreponderar la atención prestada por la ciudadanía a los mismos; estos fenómenos, a pesar de multiplicarse, no alcanzan de forma agregada, por el momento, el potencial para alterar la estabilidad financiera, a lo que apunta el Banco de España cuando menciona la posible subida del nivel del mar.

Lo que sí que parece necesario, en todo caso, es que las entidades financieras, y las de crédito, en especial, comiencen a prepararse, si es que no lo están haciendo ya, para incluir en sus procedimientos el impacto del cambio climático y la degradación ambiental. Los clientes también deberían ser conscientes de todo ello, al igual que las Administraciones Públicas.

La Guía del BCE sobre riesgos relacionados con el clima y medioambientales (noviembre de 2020) apunta, precisamente, en esta línea. Ahora bien, como el supervisor europeo recalca en el artículo “The clock is ticking for banks to manage climate and environmental risks” (agosto de 2021), los bancos europeos —unos más que otros— tienen todavía una tarea ingente por delante (véase el cuadro copiado abajo, tomado de este artículo).

 

(Imagen de la autoría de Abstracto – www.freepik.es)

 


José María López Jiménez

Especialista en regulación financiera. Doctor en Derecho

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