Durante algunos años Europa se acostumbró a hablar de una “doble transición”, la digital y la climática, la twin transition, como eje vertebrador de su estrategia de financiación. Ese relato ordenaba el mundo con una lógica coherente —descarbonizar, innovar y digitalizar al mismo tiempo— y encontró acomodo natural en instrumentos como la taxonomía verde, los bonos sostenibles o el etiquetado ESG de los fondos de inversión.
Ese relato se ha ensanchado hasta rozar la contradicción: la defensa ha entrado en escena como tercer eje, y la arquitectura financiera europea trata ahora de dar carta de naturaleza a lo que ya es, de hecho, una “triple transición”.
El propio BCE lo ha verbalizado con una claridad inusual. Hace pocas semanas, Frank Elderson señaló que el objetivo es que los bancos puedan apoyar la economía real con la inversión necesaria para impulsar la autonomía estratégica europea y acelerar las transiciones digital, ecológica y de defensa (“Because only resilient banks can play their vitally important role in the economy, financing investments in the green, digital and defence transitions, so that as Europeans we remain masters of our own destiny”).
Tres transiciones, las tres en el mismo párrafo, con la misma naturalidad con la que antes se citaban solo dos. El lenguaje del supervisor no es inocente: es prescriptivo.
Este giro no sucede en el vacío. La Comisión Europea presentó en marzo de 2025 la Unión de Ahorros e Inversiones, concebida como evolución conceptual de la fracasada Unión de los Mercados de Capitales, con el propósito de conectar el ahorro de los ciudadanos con inversiones productivas centradas, entre otras cosas, en infraestructura, innovación, defensa y sostenibilidad. La iniciativa implica algo más que una reforma técnica: implica decidir qué hace Europa con los más de diez billones de euros que sus hogares mantienen aparcados en depósitos bancarios, viendo socavado su valor por la inflación.
Movilizar ese ahorro hacia la triple transición es el objetivo explícito. El instrumento principal, por ahora no vinculante, son las cuentas de ahorro e inversión, diseñadas para atraer al inversor minorista con incentivos fiscales que, sin embargo, cada Estado miembro decidirá libremente si concede o no —porque la armonización fiscal sigue siendo un cuello de botella que la Comisión no puede resolver por sí sola—.
Aquí es donde la tensión conceptual se vuelve incómoda. Una cosa es que el ahorrador de Málaga o de Valladolid decida voluntariamente destinar parte de su patrimonio a un fondo que invierta en empresas europeas de movilidad eléctrica o inteligencia artificial. Otra, radicalmente distinta es que ese mismo ahorrador —sin necesariamente saberlo, sin haberlo decidido conscientemente— acabe financiando munición, sistemas de artillería o drones de combate a través de un fondo etiquetado como ESG.
Nótese que todo esto ocurre mientras la Unión Bancaria sigue inacabada, como la Unión de los Mercados de Capitales. La Comisión lo reconoce implícitamente: los mercados de capitales europeos siguen siendo un puzle de regulaciones nacionales que dificulta el flujo eficiente del ahorro hacia la inversión productiva. Si el fontanero no ha arreglado la cañería, que nadie se sorprenda si el agua no llega donde debe.
En ese contexto, pedir al ciudadano que “invierta en Europa” —en sus transiciones, en su soberanía, en su defensa— tiene algo de noble y algo de peligroso. Lo noble es real: Europa necesita movilizar capital privado porque los fondos públicos no alcanzan, y el ahorro doméstico representa una oportunidad genuina. Lo peligroso es que cuando el Estado (o la propia Unión Europea) orienta el ahorro privado hacia fines de seguridad colectiva a través de incentivos fiscales, recomendaciones supervisoras y etiquetados, está ejerciendo una forma de presión que no es exactamente coactiva —nadie obliga a nadie— pero tampoco es neutra.
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