En un artículo publicado en El País de 8 de diciembre de 2019 (“El Triángulo de las Bermudas de la banca”) se da cuenta de la opinión de “un veterano del sector” que compara la situación de la banca con el Triángulo de las Bermudas, con tres vértices mortales que hacen muy peligrosa la travesía, como son “la regulación, los tipos negativos y la digitalización”. El triángulo se convierte en otra figura geométrica (cuadrado, rombo, rectángulo…) cuando se añade un nuevo vértice: las finanzas sostenibles.
Se nota, en efecto, que el banquero, cuyo nombre no se facilita, es veterano, por su pesimismo y por su falta de confianza en el futuro: la regulación viene dada, los tipos de interés negativos son una anomalía duradera con la que habrá que aprender a convivir, y la transformación digital proyectada hacia la clientela, y las finanzas que propicien la transición hacia un modelo económico y social respetuoso con las personas y con el medioambiente, son la tabla para la recuperación de la reputación perdida y para mostrar la renovada función social de la banca.
El pretendido banquero haría bien en recordar la célebre oración de la serenidad, entendida en clave financiera:
Regulador-Supervisor, concédeme serenidad para aceptar todo aquello que no puedo cambiar,
fortaleza para cambiar lo que soy capaz de cambiar [empezando por mí mismo]
y sabiduría para entender la diferencia.
Desde el Banco Central alemán se ha recordado recientemente que la sostenibilidad y la digitalización son “las megatendencias de nuestra época”, ambas altamente relevantes para el sector financiero.
Centrándonos en el fenómeno Fintech/Bigtech, hay que partir de determinadas evidencias, como que el estado de la tecnología y el cambio de percepción y de las expectativas de los ciudadanos hacen inevitable el ascenso de las entidades tecnológicas.
En la actualidad, las empresas Fintech de menor tamaño tienden a aliarse con el sector financiero tradicional, lo que no debe entenderse necesariamente como una estrategia forzada o anormal. El verdadero elemento disruptivo puede llegar por la parte de las Bigtech, que van tomando posiciones en los segmentos del sector financiero menos regulados o cuya regulación les beneficia abiertamente, que pueden ser, a la vez, los más rentables (por ejemplo, los pagos, conforme al régimen de la Directiva de Servicios de Pagos de 2015, y los servicios de iniciación de pagos e información sobre cuentas). El servicio de banca comercial y universal no parece encajar en sus preferencias ni en las de una parte sustancial de sus clientes.
Si las empresas GAFA, y Facebook en concreto, con el proyecto “Libra”, consolidan los criptoactivos ligados a monedas soberanas (“stablecoins”), la presión sobre las entidades financieras y, sobre todo, sobre sus reguladores y supervisores, puede provocar una evidente alteración del statu quo.
Quede claro que empleamos deliberadamente la expresión criptoactivos y no dinero virtual, porque en estos activos no concurren plenamente los tres elementos que definen al dinero desde el punto de vista económico: ser unidad de cuenta, instrumento de pago y reserva de valor.
Los criptoactivos se describen, no sin sorna, por el Banco de Pagos Internacionales (“Financial technology: the 150-year revolution”, Keynote speech by Pablo Hernández de Cos, at the 22nd Euro Finance Week, Frankfurt, 19 November 2019”) como “todo lo que no entiendes sobre dinero combinado con todo lo que no entiendes sobre computadoras”.
En realidad, en la evaluación del fenómeno Fintech/Bigtech, hay que atender, además de al interés y a la expectativa individual de los consumidores —nos gusten más o menos estos intereses y expectativas según en qué parte del tablero nos encontremos— al interés general y, específicamente, al impacto en un bien jurídico y económico digno de tutela como es la estabilidad financiera, cuyo influjo beneficioso se proyecta sobre toda la población sin excepción.
Ciertamente, hay que atender más que a la entidad que ofrece el servicio financiero al servicio financiero en sí, para que sea este último elemento el que determine la aplicación de la regulación y la supervisión correspondiente, con independencia de la forma jurídica del proveedor (lo que no obsta a que la uniformidad y la tipicidad por esta parte también sean unas aspiraciones razonables).
A lo anterior se añade por la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia [“Estudio sobre el impacto en la competencia de las nuevas tecnologías en el sector financiero (Fintech)”, 2018, pág. 7] que la regulación debe “evitar en lo posible reservas de actividad”. En la práctica, numerosas reservas se han ido desmantelando con el paso del tiempo, aunque queda una, la reserva para la captación de depósitos reembolsables del público por parte de las entidades de crédito (artículo 1 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito), cuya retirada debería ser ponderada, en su caso, con suma atención, dada la capacidad de las entidades bancarias para crear dinero bancario partiendo de las emisiones de moneda soberana de los bancos centrales, y del impacto en la política monetaria y, en último extremo, en la estabilidad financiera.
¿Cómo afecta todo lo anterior a los usuarios de servicios financieros? En principio, en la medida en que las Fintech pueden ofrecer nuevos servicios, de manera beneficiosa, aunque, como es evidente, también surgen riesgos que hay que ponderar debidamente, ligados, por ejemplo, con el blanqueo de capitales, el fraude, la ciberseguridad o la protección de datos de carácter personal.
En un modelo como el que se va imponiendo, en el que la explotación masiva de datos sirve para anticipar u orientar la toma de decisiones, será imprescindible que el usuario tenga los conocimientos y las competencias necesarios, lo que motiva que, en este entorno tan complejo y exigente, la educación financiera sea imprescindible, como complemento y nunca un sustitutivo de la regulación, la supervisión, la normativa de protección de consumidores, la defensa de la competencia, la tutela administrativa, la judicial, etcétera.
Hay que ponderar, asimismo, que no todos los ciudadanos reúnen el perfil de los más jóvenes, representados en esta época por los “millennials” (los que alcanzaron la mayoría de edad hacia el año 2000). Estos se encuentran, en principio, en disposición de conocimientos y competencias (financieras, económicas y tecnológicas) para adoptar de manera responsable decisiones financieras y económicas, aunque, con todo, no son ajenos a determinados sesgos psicológicos asociados a la tecnología y al entorno de toma de la decisión, que pueden favorecer el apresuramiento y la falta de reflexión. Es más, los más jóvenes pueden no ser conscientes de se encuentran en un proceso de contratación (financiera o no), y de que el pago no lo realizan con dinero sino aportando datos fácilmente monetizables o explotables económicamente.
La tecnología puede facilitar la inclusión financiera, pero será prerrequisito para ello que previamente se produzca la inclusión tecnológica: sin esta última difícilmente podrá darse la primera, lo que genera nuevas inquietudes e incertidumbres.
Aunque la transformación digital es una realidad imparable, sigue siendo necesario dar “cobertura física” a determinas capas de la población que no requieren una información o un asesoramiento a distancia, sino la cercanía y el calor físico de las personas, y el manejo en sus transacciones económicas diarias de dinero material (billetes y monedas). El cierre de sucursales bancarias tras la crisis financiera ha puesto al descubierto, de forma sorprendente para muchos, esta realidad. Habrá que atender a los ciudadanos más afines a las tecnologías con recursos de nuevo corte pero, inevitablemente, al menos, en una etapa transitoria, habrá que proveer de mecanismos y recursos viejos a una parte de la población ajena a la tecnología. Para ello, será necesario que el sector público y el sector privado acerquen posiciones y, de ser necesario, den rienda suelta a la imaginación (por ejemplo, permitiendo que el servicio de caja asociado a las cuentas bancarias se pueda prestar por los comercios tradicionales, como ocurre en otros países).
¿Cuáles son las competencias básicas que los ciudadanos tendrán que manejar en el nuevo escenario financiero-digital? Tendrán que saber manejar los terminales, navegar, conocer los aspectos más esenciales del comercio electrónico y de los pagos a distancia, de la presentación de reclamaciones, del ejercicio del derecho de desistimiento, de la preservación de su privacidad, etcétera. Como se ve, es mucho el trabajo que todos los actores involucrados tienen por delante.
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