(Intervención en el Congreso Greencities 2021, Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, 30 de septiembre de 2021)
Dado que dispongo únicamente de 15 minutos, voy a comenzar mi exposición de manera directa con una conclusión, a la vista de las materias tratadas en este Congreso y del perfil de los distintos ponentes que están participando en el mismo:
Si es cierto que somos la última generación con margen para actuar, a pesar de los daños irreversibles ya causados al planeta y a parte de su población, la materialización de la transición sostenible exige la perfecta alineación de la actuación del sector público, de las empresas y del sector financiero.
Así lo demanda la ciudadanía, así lo demanda la debida consideración por quienes están por venir.
La transición sostenible se basa, globalmente, en el Acuerdo de París y en la Agenda 2030, ambos de 2015. Otros hitos políticos en el ámbito europeo, como el Pacto Verde Europeo (2019) o el programa “Next Generation EU” (2020) para la reconstrucción económica y social, deben servir para, definitivamente, impulsar la transformación y la modernización del modelo de convivencia.
Tras esta primera etapa de concienciación (2015-2020), particularmente, tras el comienzo de la pandemia, con la generalización de un sentimiento de vulnerabilidad, individual y colectiva, el reto climático y social debe ser abordado sin dilación, para evitar que se alcance un punto de no retorno derivado de la elevación de la temperatura media del planeta, con todos los efectos perniciosos asociados a ello.
El sector privado, especialmente las compañías medianas y pequeñas, también tendrán que participar en esta transición. Según datos de la Comisión Europea de 2021, este tejido comercial se compone nada menos que de 23 millones de PYMES.
Las corporaciones de mayor tamaño y que disponen de más recursos ya han comenzado esta tarea hercúlea de medir y gestionar los conocidos como los riesgos no financieros, es decir, los ambientales y los sociales, excluidos sin razón justificada durante décadas de los marcos contables, centrados casi exclusivamente en el desempeño económico y financiero empresarial. Simplemente apunto esta cuestión que no desarrollaré.
Pero entre las autoridades públicas -que además de marcar las directrices políticas también se involucran directamente, desde todos los niveles de gobierno, en acelerar esta evolución- y el sector empresarial, se sitúa un sector financiero que está llamado a ser facilitador de este cambio de paradigma global.
En el caso de nuestro país, estos cerca de dos años de pandemia han servido para que se tejan alianzas entre lo público y lo privado, y, más en concreto, entre las autoridades y el sector financiero. Recordemos, por ejemplo, la canalización de las líneas de liquidez del ICO por las entidades bancarias, así como las moratorias públicas y las ofrecidas por las propias entidades de forma voluntaria.
El sector financiero está comprometido por pura convicción, y para ello está siendo fundamental, adicionalmente, el impulso imprimido desde las instancias de la Unión Europea.
Ya en 2018 la Comisión Europea publicó el Plan de Acción para Financiar el Desarrollo Sostenible, recientemente revisado, para su ampliación, en julio de 2021, bajo la forma de un nuevo Plan de Acción por el que se establece la Estrategia para Financiar la Transición a una Economía Sostenible.
No puedo evitar recordar una ley española precursora, aprobada justo hace diez años, como fue la Ley de Economía Sostenible.
El Plan de Acción de la Comisión de julio de 2021 determina que de aquí al año 2030 será necesaria una inversión adicional en Europa de 480.000 millones de euros al año, una cantidad cercana a la mitad del PIB de un país como España.
350.000 millones de euros serán necesarios para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones de CO2 para 2030 (55% respecto de 1990, con el propósito de ser neutrales en 2050), y los demás 130.000 millones para otros objetivos medioambientales.
Como admite la Comisión Europea, “Dado que la escala de inversión necesaria excede ampliamente la capacidad del sector público, el objetivo principal del marco de financiación sostenible es canalizar los flujos financieros privados hacia actividades económicas pertinentes. El interés privado en la inversión sostenible ha crecido considerablemente en los últimos años, pero requiere un marco para una financiación sostenible que sea claro, coherente y sólido. La UE está estableciendo ese marco”.
En este nuevo marco regulatorio de la Unión Europea para favorecer las finanzas sostenibles hay que destacar un elemento clave como es la conocida como Taxonomía Medioambiental (Reglamento UE 2020/852), que identifica cuáles son las actividades económicas que se pueden calificar como ambientalmente sostenibles, y que, por tanto, deben atraer la inversión y el interés de los inversores durante los próximos años.
A falta de que complete y perfeccione esta Taxonomía, el apetito de los inversores institucionales, como gestoras o fondos de pensiones, y también, en menor medida, de los inversores minoristas, por los productos financieros sostenibles es evidente y va a más.
Estas actividades económicas que, según la Taxonomía de la Unión Europea, contribuyen a la transición verde, son que persiguen los siguientes fines:
- La mitigación del cambio climático.
- La adaptación al cambio climático.
- El uso sostenible y la protección de los recursos hídricos y marinos.
- La transición hacia una economía circular.
- La prevención y el control de la contaminación.
- La protección y la recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas.
Las inversiones que se dirijan hacia los sectores económicos que promuevan estos fines serán aptas, en principio, para generar rentabilidad financiera y, también, lo que es tanto o más relevante, para la preservación y el aumento del capital natural y social, que tan difícil es de cuantificar por su valor inherente inestimable.
Al principio me referí a la Agenda 2030 y a los 17 ODS. Desde el Pacto Mundial (Red Española del Pacto Mundial, “Finanzas sostenibles y Agenda 2030. Invertir en la transformación del mundo”, White Paper nº 1, 2020) se ha tratado, a su vez, de ligar estos fines con ODS específicos:
Como se ve, en este complejo engranaje, del que solo me he referido a algunas de sus piezas, estas comienzan a ser colocadas en el lugar adecuado.
El sector financiero español, mayoritariamente, se adhirió en la COP25 de Madrid, en 2019, al acuerdo colectivo de acción climática, para el alineamiento de su actividad con los fines del Acuerdo de París, en el marco más general de la Iniciativa Financiera del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
Entre estas entidades se incluye, como no puede ser de otro modo, Unicaja Banco. Nuestra Entidad dispone desde 2020 de un Plan de Acción sobre Finanzas Sostenibles, revisado por el Consejo de Administración en abril de 2021, y que se encuentra en fase de ejecución.
Tras la integración en Unicaja Banco de Liberbank en el mes de julio pasado, lo que ha convertido a Unicaja Banco en el quinto banco español por volumen de activos, se han redoblado los esfuerzos para el impulso de la sostenibilidad. Así, se han creado una “Dirección de Negocios ESG” y una Dirección transversal de Sostenibilidad y RSC.
Es la hora de pasar, por tanto, por parte de todo el sector financiero, a la acción, y de ponerse, una vez más, al servicio de la sociedad.
En Unicaja Banco estaremos encantados de poder acompañar a las Administraciones Públicas, a las grandes corporaciones y a las PYMES para poder realizar todos los retos asociados a la transición sostenible, en la que tanto nos jugamos colectivamente.
Muchas gracias.
