Los bancos centrales han asumido un rol preponderante en la gobernanza de nuestras sociedades, aunque sea de forma silenciosa y, hasta cierto punto, aprovechando disposiciones normativas redactadas en otros tiempos y para otras necesidades.
No es extraño que, recientemente, la Presidenta del BCE manifestara lo que sigue, en el discurso “Change and continuity in law” (26/11/2021): “One particular case is that of the law, which can be interpreted in a way that makes sense and adapts to societal changes, while remaining coherent with the fundamental principles of the legal system”.
Es decir, dicho de otro modo y con laxitud, lo que dispone el artículo 3.1 del Código Civil (*): “Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas”.
De este modo, los bancos centrales han añadido a su catálogo competencial, focalizado, fundamentalmente, en el control de los precios, otras tareas que guardan relación con el estímulo económico o, más recientemente, con la transición sostenible de nuestras sociedades.
Sin embargo, se alzan voces, bien influyentes en algunos casos, que comienzan a advertir sobre las nuevas tareas asumidas por los bancos centrales, sobre todo desde el punto de vista de las medidas y las decisiones vinculadas con la supervisión de la estabilidad financiera.
En este sentido, The Economist, en el artículo “The world is entering a new era of big government” (21/11/2021) ha señalado lo siguiente: “Climate change should be fought with a price for carbon, research-and-development subsidies and highly scrutinised public investments, not by rationing flights, promoting green national champions or enlisting central banks to distort financial markets”.
Willem H. Buiter, en un artículo publicado en Project Syndicate “The Case Against Green Central Banking” (26/11/2021) alcanza una conclusion similar: “The shocks and disruptions caused by climate change will complicate central banks’ pursuit of their price-stability and financial-stability mandates. The last thing they need is to feel pressure to load additional objectives on their limited instruments. Just as it makes no sense to use carbon taxes or emissions-trading schemes to target financial stability, it makes no sense to use capital and liquidity requirements to address global warming. The appropriate tools to address climate change – fiscal and regulatory – are well-known and technically feasible. What is missing is the foresight, logic, and moral courage to deploy them”.
(*) Cuándo es necesaria la intervención del legislador en el Derecho Privado:
«Los códigos (o las codificaciones) son un mal que debe evitarse totalmente. La legislación particular es imprescindible, pero debe contenerse en estrechos márgenes: debe intervenir cuando «fines políticos superiores exijan la reforma del derecho existente», o cuando determinadas reglas de derecho sean dudosas, o cuando las normas sean tan concretas (por ejemplo, la fijación del término de la prescripción) que no puedan ser establecidas más que con una declaración estatal».
Savigny (tomado de “Citas”, Blog Derecho Mercantil España, 2 de diciembre de 2021).
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