Aunque la Revolución Industrial arrancó a finales del siglo XVIII, ha sido en 2019, a las puertas de una fecha icónica como 2020, que anticipa un no menos mágico 2030, cuando hemos tomado plena conciencia de las externalidades negativas del sistema productivo, de la necesidad de su transformación, del calentamiento global y del cambio climático.

Laurent Fabius[1] atina cuando afirma, con un nivel de profundidad ajeno al debate más extendido, que «los socialdemócratas no tuvieron en cuenta el elemento “naturaleza”. ¿Por qué? Porque la socialdemocracia nació para defender a los obreros que trabajaban en condiciones extremadamente difíciles y había una discusión entre capital y trabajo, pero el elemento naturaleza no entraba en absoluto en esa discusión».

En fin, con más de 200 años de atraso, se retoma este “fleco” nada desdeñable. El nudo gordiano tendrá que ser cortado por nuestra generación, con la presión que supone que, según el Parlamento Europeo[2], “la acción mundial durante la próxima década afectará al futuro de la humanidad en los próximos 10.000 años”.

No somos científicos, pero hemos de dar por buena la evaluación de una parte sustancial de la comunidad científica cuando relaciona el aumento de la temperatura del planeta con la acción humana. En este sentido, el Acuerdo de París sobre Cambio Climático, de 12 de diciembre de 2015, respaldado por todos los países del planeta salvo por los Estados Unidos, se centra en el calentamiento global y en la necesidad de ofrecer una “respuesta progresiva y eficaz a la amenaza apremiante” que este representa, “sobre la base de los mejores conocimientos científicos disponibles”. Por lo tanto, partiendo del respeto al modelo “kuhniano” de desarrollo científico, la discusión debe quedar cerrada en este punto.

Una vez que la cuestión climática figura entre las preocupaciones ciudadanas y en un lugar destacado de la agenda pública, urge rebajar el elemento emocional, incluso su exclusión de la discusión política, porque es un hecho que las mejores decisiones solo se toman, a pesar de la severidad de la situación, con la cabeza bien fría.

Corresponde a los ciudadanos ir adoptando pequeñas decisiones y cambios de conducta en el día a día, y, sobre todo, ejercer la presión adecuada sobre las administraciones públicas e incluso, como consumidores, sobre las empresas, para que la actual transición se acometa de manera decidida y responsable.

Dada la magnitud planetaria de esta problemática, los esfuerzos deben coordinarse globalmente. El impulso imprimido desde la Organización de las Naciones Unidas se debe acompañar por el de las entidades supranacionales como la Unión Europea y el del resto de Estados, sin excepción.

Para vencer la llamada “tragedia del horizonte”, Mark Carney[3] señala que las Finanzas Sostenibles complementarán y potencialmente amplificarán, pero nunca sustituirán, la acción política por el clima. La financiación necesaria para la transformación del modelo económico tendrá que ser aportada por el sistema financiero. Unos Estados severamente endeudados no tendrán margen más que para —nada menos— marcar las pautas generales de actuación y servir como necesaria palanca de cambio.

Los Estados, coordinadamente, deben marcar la orientación general gracias a la legitimidad otorgada por el respaldo democrático y la disposición de un instrumento como la ley, un tanto relegado en los últimos años y arrinconado por unas recomendaciones y unas normas de “soft law” útiles pero inadecuadas para redirigir con celeridad las pautas de comportamiento de las empresas y de los ciudadanos.

Las empresas de todo tipo deben interiorizar la sostenibilidad, cada una conforme a su perfil y características, y huir de los titulares grandilocuentes y huecos. Cualquier intento espurio de instrumentalizar la sostenibilidad será severamente castigado por los consumidores y por el mercado[4]. Ha llegado el momento de abandonar los titulares de los periódicos, de las redes sociales, de reflexionar y de volver a la arena pública, más adelante, con hechos, no con palabras. El tiempo apremia.

[1] El País, Ideas, 8 de diciembre de 2019, pág. 5.

[2]  Resolución del Parlamento Europeo, de 28 de noviembre de 2019, sobre la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2019 (COP25) en Madrid (España) (2019/2712(RSP)).

[3] Carney, M., “Fifty Shades of Green”, Finance&Development, IMF, December 2019, pág. 13.

[4] López Jiménez, J. Mª., “Educación financiera, contratación de productos financieros y cambio climático”, Todo Son Finanzas, 25 de noviembre de 2019.

(Imagen de la entrada de la autoría de rawpixel.com – www.freepik.es)


José María López Jiménez

Especialista en regulación financiera. Doctor en Derecho

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