Los días en los que un simple plazo fijo, garantizado por el Fondo de Garantía de Depósitos, permitía obtener rentabilidades del 5 o el 6 %, o incluso más, sin apenas riesgo, pertenecen a un pasado no demasiado lejano pero que difícilmente volverá.

Desde hace algunos años, con unos tipos de interés oficiales cercanos a cero o negativos, esta “rentabilidad fácil” se ha disipado, sin que se haya llegado a materializar el riesgo de que las entidades bancarias repercutan a los clientes una tasa por custodiar su dinero, que es lo que le ocurre a los bancos de la Eurozona cuando depositan sus fondos en el Banco Central Europeo (el tipo de la facilidad de depósito —interés que las entidades de crédito reciben por sus depósitos a un día en el banco central— es negativo desde mediados de 2014).

Por lo tanto, disponer de un remanente de efectivo y pretender rentabilizarlo es una tarea compleja en esta época, que requiere capacitación, dejarse asesorar por un profesional o una combinación de ambas posibilidades.

En el clásico modelo de banca comercial, la base del negocio es la intermediación, es decir, la captación de depósitos a través de cuentas a la vista e imposiciones a plazo fijo y la concesión de crédito (préstamos personales, hipotecarios, pólizas de crédito, crédito en tarjeta), aliñado con otros servicios como, por ejemplo, los servicios de pago (tarjetas, transferencias, adeudos domiciliados). Paulatinamente, las oficinas bancarias se han convertido en instrumentos para la comercialización de servicios como los mencionados, pero también de inversión, de seguro o de previsión (planes de pensiones).

¿Cuáles son las consecuencias de no movilizar los ahorros?

Si, como se ha señalado, ahorrar a través de un producto tradicional como un plazo fijo ofrece actualmente una rentabilidad mínima, no parece que el inmovilismo sea una solución, pues la inflación irá minando el poder adquisitivo del dinero ahorrado, socavándolo de forma imperceptible pero irremisible.

Una buena parte de la riqueza de las familias españolas adopta la forma de depósitos y liquidez, es decir, no genera rentabilidad, lo que no deja de ser sorprendente.

¿Qué supone transitar de ahorrador a inversor?

La búsqueda de rentabilidad (“search for yield”) se perseguía hasta fecha reciente por los perfiles inversores más sofisticados, pues, como hemos expuesto, los particulares no tenían más que dejarse caer por la sucursal bancaria y contratar una simple imposición a plazo.

En estos momentos, para obtener una rentabilidad que neutralice, al menos, la inflación y el coste fiscal del rendimiento generado es necesario aproximarse al mundo de la inversión, que es más complejo y en el que los riesgos son mayores.

Por ello, para dar el paso el cliente, o inversor, debe estar acompañado en el proceso por profesionales capacitados que velen por su interés. Este es precisamente, el objetivo de la normativa europea conocida como MiFID, cuya edición mejorada, más garante para el inversor, sobre todo si es minorista, ha comenzado a regir en enero de 2018.

¿Hay un importe mínimo o un máximo para invertir?

Al igual que con el ahorro tradicional, es aconsejable invertir cantidades que no harán falta en el corto plazo, que no sean necesarias para el día a día, pues puede ocurrir que la operación no se pueda deshacer con facilidad, o que esta marcha atrás genere costes para el inversor o pérdidas que se podrían evitar si se difiriera en el tiempo la decisión de desinversión.

¿Hay instrumentos financieros más arriesgados que otros?

Entre las preferencias del inversor español podemos encontrar los fondos de inversión, cuya tipología permite adaptar el perfil de riesgo del cliente al de los instrumentos o activos en los que el propio fondo invierte.

Invertir en renta fija, privada o pública, siempre que la entidad o el Estado emisor sean  sólidos, también puede ser una opción fiable.

La renta variable implica una mayor dosis de incertidumbre, aunque una parte significativa de la riqueza de las familias se canaliza hacia las acciones de las sociedades cotizadas.

Otros instrumentos como los bonos estructurados, los derivados o los bonos de titulización de activos, por ejemplo, suelen estar dirigidos a perfiles profesionales o institucionales, por el mayor conocimiento y experiencia inversora que requieren.

El inversor debe tener presente, en general, una ecuación que no suele fallar: a mayor rentabilidad mayor riesgo.

(Parte del contenido de este post se recogió en el artículo “¿Das el perfil para ser buen inversor? Esto es lo mínimo que necesitas“, El País Economía, iAhorro, 15 de febrero de 2019).


José María López Jiménez

Especialista en regulación financiera. Doctor en Derecho

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