“Sí, este libro habla de la burbuja inmobiliaria en España y de sus efectos en el resto de la economía. Es como una historia de un descalabro anunciado. De un engaño colectivo. De un espejismo inalcanzable de riqueza. Y de cómo ese espejismo contagió al sistema financiero. […] A pesar de ser anunciado [el pinchazo de la burbuja] no se pudo evitar. Este libro deja constancia escrita de lo que sucede cuando se pierde la cordura y se olvidan los principios económicos más básicos, aún a sabiendas de que la fiebre del oro inmobiliario volverá a repetirse” (“De la quimera inmobiliaria al colapso financiero. Crónica de un desenlace anunciado”, Antonio Bosch editor, S.A., 2008, Barcelona, pág. 9).
Las anteriores palabras fueron escritas por el profesor García Montalvo en relación con la crisis inmobiliaria de 2007 y 2008, que fue una de las manifestaciones de la Gran Recesión en España y cuyos efectos todavía perduran.
En una reciente entrevista a la Presidenta del Mecanismo Único de Supervisión del Banco Central Europeo, la Sra. Nouy, publicada el 5 de septiembre de 2018, esta dejó constancia, entre otros aspectos, de dos circunstancias:
1) Los bancos deben llegar a la siguiente crisis (porque antes o después indefectiblemente habrá otra) liberados de la carga de la crisis anterior (“We want banks to tackle this issue before the next crisis comes. We don’t want the banks under our supervision to enter the next crisis with the legacy of the previous crisis”). Los créditos fallidos del sector supervisado por el Banco Central Europeo, la mayor servidumbre de la anterior etapa recesiva, ascienden hoy día a unos 680.000 millones de euros, tras haber alcanzado una cifra cercana al billón de euros.
2) Los mercados inmobiliario y crediticio, en los que se pueden identificar algunos elementos preocupantes, siguen estando, actualmente, en el punto de mira del supervisor (“In my opinion, the use of variable interest rates poses a risk, as there is no guarantee that, when interest rates go up, companies’ profits or people’s wages will increase; but payments on their loans will do so. We will closely follow developments in the real estate market”).
En el suplemento de “Negocios” de El País de 2 de septiembre de 2018 se publicó el artículo “España vuelve a especular con la vivienda”, elaborado por Sandra López Letón, orientado desde el punto de vista de los arrendamientos urbanos más que desde el del precio en la transmisión de las viviendas y su financiación, que es el aspecto que más preocupa al supervisor bancario.
Alquilar un piso de unos 80 metros cuadrados en una ciudad como Madrid o Barcelona puede suponer un coste mensual medio de entre 1.100 y 1.200 euros. Una figura como el clásico derecho de habitación ha resurgido, aunque, proporcionalmente, con unos precios igualmente desorbitados.
De este completo artículo, al que, por lo demás, nos remitimos para más detalle, deseamos destacar tres puntos concretos:
1) La inexistencia de un parque de vivienda social. Según el profesor García Montalvo, a quien citamos previamente, “Si desde 1980 no se hubieran dado todas las viviendas protegidas hoy habría entre dos y 2,2 millones de casas”; “Se ha perdido la oportunidad de la crisis para que la Administración comprara a los bancos pisos a mansalva y baratos”.
Es decir, que las Administraciones podrían haber desempeñado la función desarrollada por muchos fondos de inversión, que han adquirido a bajo coste los excedentes inmobiliarios acumulados por los bancos. Ahora bien, con unas Administraciones extraordinariamente endeudadas y con un procedimiento de déficit excesivo abierto al Estado español, esta posibilidad se antoja una quimera, una solución razonable pero difícilmente realizable.
2) El plan de choque público. “Dada la alarma social creada, el Ministerio de Fomento ha diseñado un plan de choque para pinchar la burbuja. Quiere fomentar la puesta en el mercado de 20.000 viviendas de alquiler a precios limitados”.
Habrá que ponderar, en consecuencia, que 20.000 viviendas, una vez ejecutados todos los trámites burocráticos y de ejecución pertinentes, sean suficientes para cubrir la demanda de alquiler de los particulares, y que de la intervención en los precios no se desprendan efectos perniciosos o no previstos.
3) El papel de los fondos de inversión. En el artículo se citan casos concretos en los que estos agentes económicos, tras adquirir bien a sujetos privados, bien a las propias Administraciones Públicas, bloques arrendados, ejercen presión sobre los inquilinos para incrementar notablemente el precio de las rentas. No obstante, López Letón cita al Idealista, cuyo jefe de estudios niega que el sector viva un momento de especulación: “No hay nadie en el mercado con capacidad de acaparar suficiente producto como para influir en él” (“los grandes fondos, socimis y sociedades de alquiler apenas suponen un 3% del total del parque, mientras que más del 90% está en manos de particulares que tienen una o algunas viviendas”). Por ello, no parece que estos fondos, ni la proliferación de viviendas turísticas, puedan justificar la formación de la burbuja en el mercado de alquiler de vivienda.
En fin, una vez más, a pesar de la dolorosa experiencia adquirida, con la presión ya desatada y con un margen presupuestario público limitado, se deberán adoptar medidas para satisfacer una de las necesidades más esenciales para cualquier ciudadano: la de disponer de una vivienda que le sirva de morada.
