En el artículo “El crepúsculo de la supervisión bancaria”, publicado en El País el 12 febrero de 2019, Aristóbulo de Juan vuelve a reflexionar sobre la regulación financiera y la supervisión, prestando atención esta vez a la labor desarrollada por el Banco Central Europeo (BCE) en su faceta de garante de la estabilidad bancaria de la Eurozona.

Para entender el discurso de De Juan quizás se haya de partir de lo que para él, con su experiencia pública y privada, son dos evidencias incontestables: que los bancos con problemas tienden a ocultarlos, a maquillarlos, y que, a pesar de disponer de un marco regulatorio deficiente, una supervisión rigurosa puede conseguir resultados eficaces.

Los nuevos postulados ideológicos de la supervisión, que no impidieron la Gran Recesión, parten de los últimos años del siglo XX: “La supervisión bancaria se debilitó fuertemente, desde finales del siglo XX por una línea de pensamiento que considera esencialmente perversa la regulación financiera, por la proliferación de productos financieros extravagantes y por una regulación de capital emanada de Basilea II, esencialmente dominada por la idea de la auto-regulación y los modelos matemáticos”.

La supervisión del BCE puede, según De Juan, agravar la situación, pues “sus efectos [los de la Unión Bancaria] han consagrado la decadencia de los mecanismos históricamente más eficaces de supervisión”.

De Juan critica las normas internacionales de contabilidad, la forma de calcular el capital, la mejora de la gobernanza como panacea, la irrelevancia de la adecuada valoración de los activos, la falta de voluntad política de los gobiernos o de los propios bancos centrales, la incapacidad para reconocer errores y enderezar el rumbo…

Pero el argumento que más nos ha impactado es el relativo al poder de los grupos de presión y la sustitución de los funcionarios, en un ejercicio de delegación o dejación de competencias, por sujetos privados que ejercen potestades públicas: «Además, el BCE parece ceder a los lobbies, tendiendo a que sean los auditores quienes revisen los números. Sustituiría así a servidores públicos —los supervisores— por empresas privadas, cuya actuación durante la crisis resultó “manifiestamente mejorable”».

El artículo de Aristóbulo de Juan termina con una llamativa imagen: “La pretensión de muchos de que ahora los bancos son más seguros es como confiar en que reducir el límite de velocidad de 100 a 90 Km/hora para los camiones con explosivos hará más seguras las carreteras, aún cuando los policías de tráfico no verifiquen los tacógrafos y estos puedan ser manipulados por los camioneros”.

Y con la identificación de los eventuales responsables (los administradores y los gestores de las entidades, los auditores externos, los supervisores) y de los paganos, en última instancia, de las malas decisiones adoptadas: los contribuyentes y las generaciones futuras.


José María López Jiménez

Especialista en regulación financiera. Doctor en Derecho

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