Coronavirus y reestructuración de deuda pública

Si la lucha contra la pandemia está siendo extraordinariamente dura en los países más desarrollados, de extenderse el coronavirus a los países menos favorecidos económicamente, el impacto puede ser dramático.

The Economist (“Debt and desease”, April 11^th 2020) señala que la crisis económica y el coronavirus suscitarán numerosos dilemas, especialmente agudos entre los países pobres y endeudados, que deberán optar entre pagar a los acreedores internacionales, públicos y privados, multilaterales y bilaterales, y permitir que sus ciudadanos mueran. En 2016, algunos países africanos como Angola  gastaron más en pagar a los acreedores que en sanidad. Mientras que los países ricos se están endeudando a razón de un 8% del PIB para adoptar medidas contra el coronavirus, los países de África solo están gastando con este fin el 0,8% de su PIB. Los países con mayor riesgo de impago, por sus ahorros internos limitados y su alto endeudamiento, son Angola, Etiopía, Gana y Zambia. The Economist plantea que si muchos particulares en Occidente están consiguiendo una moratoria para pagar sus préstamos hipotecarios, ¿por qué no iban a disfrutar de una medida análoga los gobiernos africanos?

Otros países del planeta, por diversas razones, también están experimentando dificultades para el pago a sus acreedores, como Argentina, que pretende la reestructuración de su deuda, con la combinación de una moratoria y una quita en el pago de intereses. (Sobre la crisis de deuda pública argentina de 2014, véase «El “impago selectivo” de deuda pública argentina de 2014: los soberanos no son lo que eran», Instituto Español de Estudios Estratégicos, documento de opinión 11/2015, 22 de enero de 2015).

En la reunión virtual del G20 de 15 de abril de 2020 (Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales) se tomaron relevantes medidas para, a escala planetaria, tratar de doblegar la pandemia, lo que comprende medidas sin precedentes en los ámbitos fiscal, monetario y financiero, para que las instituciones financieras internacionales puedan prestar apoyo, sobre todo, a los países en desarrollo y con bajos ingresos.

Entre estas medidas figura la de suspender las obligaciones de pago relacionadas con la atención de la deuda pública por los países más pobres, con el siguiente alcance:

“We support a time-bound suspension of debt service payments for the poorest countries that request forbearance. We agreed on a coordinated approach with a common term sheet providing the key features for this debt service suspension initiative, which is also agreed by the Paris Club. All bilateral official creditors will participate in this initiative, consistent with their national laws and internal procedures. We call on private creditors, working through the Institute of International Finance, to participate in the initiative on comparable terms. We ask multilateral development banks to further explore the options for the suspension of debt service payments over the suspension period, while maintaining their current rating and low cost of funding. We call on creditors to continue to closely coordinate in the implementation phase of this initiative”.

En el anexo II del comunicado se recogen los principios de esta iniciativa.

La medida durará hasta el final de 2020, con efectos desde el 1 de mayo de 2020, aunque la puerta queda abierta, en estos momentos de incertidumbre, a una eventual ampliación.

Merece la pena recordar que la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas aprobó en septiembre de 2015 unos “Principios Básicos sobre Procesos de Reestructuración de Deuda Soberana”, que son, en síntesis, los siguientes:

– Derecho de todo Estado a determinar su política macroeconómica sin injerencias externas.

– Deber de buena fe/cooperación del deudor y del acreedor.

– Transparencia.

– Imparcialidad e independencia.

– No discriminación, en general, entre acreedores.

– Respeto a las inmunidades de jurisdicción y ejecución.

– Respeto a la legalidad por la que se rige la deuda y a lo pactado contractualmente.

– Respeto al crecimiento sostenible y minimización de los costes sociales, con garantías para la estabilidad financiera y los derechos humanos.

– Las minorías no deberían bloquear los acuerdos alcanzados por la mayoría de acreedores (CAC).

El coronavirus obliga a repensarlo todo, también en el ámbito de la deuda pública y las relaciones entre los acreedores y los deudores.

(Imagen de la entrada de la autoría de freepik – www.freepik.es)