(Publicado en Social Investor el 18 de marzo de 2021)

El Gobernador del Banco de España ha formulado nuevas reflexiones de interés a propósito del papel de los bancos centrales y de los supervisores bancarios en la lucha contra el cambio climático.

En su discurso “The Role of Central Banks and Banking Supervisors in Climate Action”, pronunciado el 17 de marzo de 2021 en un encuentro “on line” organizado por el IESE, Hernández de Cos ha dado continuidad a algunas ideas propias ya expresadas con anterioridad (como la necesaria integración de los riesgos climáticos y ambientales en los marcos de decisión de las entidades bancarias, incluso en los de los bancos centrales respecto de los porfolios de política no monetaria), se ha alineado con Christine Lagarde y otros colegas del Banco Central Europeo acerca de la necesidad de que los bancos centrales y otras autoridades financieras combatan el cambio climático con sustento en sus actuales mandatos (“within our mandates”, con ciertas resonancias “draghinianas”), y ha introducido en el terreno del juego al Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS, por sus siglas en inglés), presidido por él mismo.

Las palabras del Gobernador se han dictado en un entorno académico, aunque el periodo de gracia para la formulación de un cuerpo teórico, tan necesario, por otra parte, para la toma de decisiones, parece acercarse a su fin, dada la necesidad de actuar sin dilación.

En cierto modo, Hernández de Cos, que, como ha demostrado, domina los marcos teórico y aplicado, es sumamente realista, cuando afirma que tras el “análisis gap” que desarrollará el BCBS para identificar las áreas de Basilea III que no capturan o no dan adecuada respuesta a los riesgos financieros asociados al cambio climático, estos gaps se cubrirán con “soluciones prácticas” (aunque no aclare si para el regulador, para las entidades reguladas o para ambos, constatada la complejidad, por ejemplo, de la normativa de la Unión Europea —Reglamentos de Divulgación y Taxonomía— y las altas expectativas del BCE para la gestión de estos riesgos por las entidades —Guía de noviembre de 2020—).

La mención a las pruebas de resistencia y a los análisis de escenarios por los que están optando las autoridades también se orienta hacia esta aproximación pragmática (hay que recordar que el BCE ya ha anticipado que las pruebas de resistencia de 2022 incluirán el componente climático y ambiental).

Más allá de algunas generalidades bien conocidas a estas alturas, como que carecemos de datos de calidad y de experiencias similares de cambios estructurales para medir los potenciales efectos de los riesgos físicos y de transición —que pueden afectar a la integridad de los colaterales (las hipotecas) o a la solvencia de los deudores—; que el sector financiero no es especialmente contaminante; o que los riesgos para el sector proceden de la financiación concedida a otros agentes con mayor exposición climática, quizás el mayor interés de este discurso derive de las referencias al doble mandato de nuestros bancos centrales para mantener la estabilidad financiera, de un lado, y unos precios contenidos (por debajo pero cerca del 2 % como objetivo de inflación), de otro.

Para la preservación de la estabilidad financiera, el Gobernador confía en la responsabilidad de las entidades financieras para mantener bajo control los riesgos climáticos. El enfoque es adecuado, pero requiere de un marco común de actuación que, pese a los avances, todavía no está plenamente implantado, y del compromiso efectivo de todo el sector.

En cuanto a la política monetaria, la perspectiva climática tampoco puede ser ignorada por los bancos centrales, con base en los mandatos primario y secundario recogidos en los Tratados de la Unión Europea, en lo que afecta al BCE (para más detalle nos remitimos a nuestro anterior artículo “El mandato de los bancos centrales y el cambio climático”).

Entre las incertidumbres, surge una nueva, que identifica el Gobernador: si el cambio climático incidirá aumentando el tipo de interés natural a la baja (menor productividad, destrucción de capital por catástrofes) o al alza (mayor inversión en tecnologías verdes).

Pero la idea motriz del discurso no deja de ser que “actuar para prevenir la materialización del cambio climático es esencial”, es decir, es hora de pasar decididamente a la acción.


José María López Jiménez

Especialista en regulación financiera. Doctor en Derecho

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