Días atrás me extrañó que en una cafetería a la que acudo de tiempo en tiempo no se me ofreciera el habitual tipo de pan para el desayuno. Me interesé por la cuestión, a lo que me respondieron: —Hemos cambiado de panadería, el tamaño de los pitufos [tipo de pan para el desayuno típico de Málaga] se había convertido en ridículo.
Ahí terminó mi inquisición. Puedo presumir que el precio de adquisición se mantenía, con todo, invariable, al igual que el satisfecho por la clientela (diría que este se ha revisado ligeramente al alza con la llegada del año nuevo). En resumen, por el mismo coste para el empresario se venía a ofrecer un servicio de peor calidad a la clientela, por el que se pagaba lo mismo.
La cafetería, como sus clientes de modo indirecto, no era consciente de ser víctima de la “shrinkflation”, un término inglés verdaderamente complicado de traducir al español (¿encoge-inflación?, ¿contracción de la inflación?).
Curiosamente, en la misma semana de los hechos, The Economist ha dedicado un artículo a una materia que nos afecta de lleno como consumidores (Bagehot, “The shrinkflation state”, 19 de febrero de 2022) y de la que es posible que nos hayamos percatado, e incluso aceptado con resignación.
En síntesis, los productores de productos reducen el tamaño de estos en lugar de elevar su precio. Bagehot ofrece algunos ejemplos del mercado británico, con productos que quizás puedan ser conocidos por los consumidores españoles: “A multipack of Frazzles, a moreish bacon crisp, used to cost £1 ($1.36) and contain eight bags. Now it contains six. Cadbury’s Creme Eggs used to come by the half-dozen; now they come in fives. Quality Street, a chocolate box, weighed 1.2kg in 2009; today, just 650g.”.
El fenómeno de la “shrinkflation” confunde a unos usuarios que se darían cuenta de la subida de precios con carácter inmediato. Si no se trata de una práctica abusiva, se acerca peligrosamente a sus inmediaciones…
En realidad, este análisis de The Economist sirve para la reflexión en otro terreno: el de los mayores impuestos pagados a cambio del disfrute de los mismos o de menos servicios públicos: “A more expensive state is inevitable. Areas where the state still promises comprehensive support, such as health and social care or education, suffer from ‘Baumol’s cost disease’: they are labour-intensive, and hence become relatively pricier as wages rise to keep pace with sectors where productivity improves faster. Teachers’ salaries may go up, but the number of children each can teach does not. Demography makes the situation worse. By 2030 there will be 4.4m over-80s, up from 3m at the moment. The state spends around £20,000 per year on each child of school age, but about £40,000 per year on each person in their late 80s”.
En lo público y en lo privado se trata de una práctica a seguir, por la falta de transparencia para los consumidores y los contribuyentes.
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