López Jiménez, J. M.ª (2022): “Seguros y fondos de pensiones: situación actual, función social y perspectivas de evolución”, en Situación, tendencias y retos del sistema financiero, Edufinet (coord..), Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), págs. 193-217.
Apartado 1, «Introducción»
El sector financiero es una realidad compleja en constante evolución para su adaptación a los fines ‒dinámicos, igualmente‒ de la sociedad y de la ciudadanía a la que sirve.
En numerosas ocasiones se alude, genéricamente, a la función social del sector financiero, pasando por alto la diversa tipología de las entidades financieras, en sentido amplio[1], y la variedad de servicios ofrecidos por aquellas a la clientela.
Por ejemplo, desde la perspectiva de la inclusión financiera, se ha abierto un debate acerca de la presencia de las oficinas bancarias en determinadas zonas geográficas (rurales, fundamentalmente) y el servicio prestado a los clientes de mayor edad (véase Asociación Española de Banca, 2022). En este caso, obviamente, es el sector bancario el interpelado directamente para flexibilizar la prestación del servicio.
Por otra parte, con unos tipos de interés cercanos a cero o negativos, el usuario de servicios financieros ha debido pasar por necesidad de la condición de ahorrador a la de inversor con el propósito de rentabilizar sus ahorros o inversiones (López Jiménez, 2018)[2], sin dejar de ser consciente de los mayores riesgos asumidos.
La insuficiencia de las tradicionales imposiciones a plazo fijo aproxima al ciudadano, por tanto, al mundo de la inversión, a la renta variable y a otros productos diseñados o comercializados por las empresas de servicios de inversión.
Sin embargo, de forma llamativa, este carácter dinámico del sector financiero parece dejar al margen al pilar del mismo[3] integrado por las entidades financieras que ofrecen servicios, de un lado, para tratar de neutralizar el impacto de los riesgos inherentes al desarrollo de la vida cotidiana de los particulares y de las empresas, y, de otro, para fortalecer la posición económica de los individuos a largo plazo, llegada la fecha de la jubilación laboral, fundamentalmente.
Si ya tenemos constancia de la falta de un adecuado manejo de competencias financieras básicas por parte de los ciudadanos, esta realidad que hemos comentado en los párrafos anteriores podría evidenciar la necesidad de incidir, del mismo modo, en la “cultura de riesgos” y en la “cultura del ahorro-previsión” de la población[4].
En una consideración genérica y superficial del sistema financiero en su conjunto, es posible que la función de las compañías aseguradoras y de las gestoras de fondos de pensiones[5] no se pondere adecuadamente. Sin embargo, estos proveedores de servicios financieros, el centenario contrato de seguro y el plan de pensiones emergen como instituciones e instrumentos, respectivamente, esenciales para las empresas y los particulares, y, por consiguiente, para la cohesión social.
El sistema financiero no bancario, integrado por fondos de inversión, fondos de pensiones, compañías de seguros o fondos soberanos, aglutina aproximadamente la mitad de los activos de las finanzas globales, lo que ha permitido, tras la crisis financiera iniciada en 2007-2008, el apoyo a la economía real y su recuperación (Cunliffe, 2022, p. 5). El sistema financiero no bancario está altamente interconectado con el resto del sistema financiero, lo que supone que los “shocks” se puedan transmitir rápidamente a instituciones sistémicas como los bancos (Cunliffe, 2022, p. 6), lo que aconseja la debida consideración de conjunto.
Este reforzamiento de la relevancia de la industria del seguro y de los fondos de pensiones se puede poner en relación, además, con tendencias sociales que difícilmente se pueden ocultar, como son, por citar solo algunas, la aparición de riesgos emergentes, como el de ciberseguridad, al calor de la transformación digital, o los ambientales, a propósito de la crisis climática; la necesidad de la consideración del impacto del largo plazo por parte de los gobiernos y las empresas; el ritmo de envejecimiento de la población, asociado a una mayor expectativa de vida; el endeudamiento público y, por tanto, el cada vez menor margen de maniobra para el mantenimiento y la implementación de nuevas políticas públicas, etcétera.
Además, como hito particularmente relevante, podemos observar cómo los ámbitos de la inversión y del seguro tienen a converger, lo que permite conjurar el riesgo, ya citado, de la pérdida de poder adquisitivo del ahorro, con la contrapartida, como veremos, de la aparición de “productos híbridos complejos” que pueden originar dudas desde los puntos de vista de la regulación y de la supervisión, y, sobre todo, de la protección del consumidor.
Los productos conocidos como “unit-linked”, en los que el producto de seguro comporta un elemento de inversión que es indisociable de dicho producto (Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 2022, ap. 97), acaso sean el mejor reflejo de esta evolución.
También se puede apreciar una intensa vinculación entre las compañías aseguradoras, los fondos de pensiones y las entidades bancarias desde la perspectiva de la distribución de los contratos de seguro y de los planes de pensiones, lo que, además de evidenciar la interrelación entre las distintas partes que componen el sector financiero, muestra los estrechos vínculos del sector que vamos a analizar en este capítulo con el pilar bancario[6]. Parejo et al. (2007, p. 440) refieren “la creciente competencia, y a menudo complementariedad, entre la Banca y el sector seguros”. “El canal bancario es la principal vía de distribución de los seguros de vida en España (tanto de vida-ahorro como de vida-riesgo)”, lo que “determina la supremacía de la banca en este segmento del negocio asegurador (entre el 65% y 75%)” (AFI, 2022, pp. 2, 4)[7].
Como se ve, resulta aparentemente sencillo separar conceptualmente, a efectos regulatorios y supervisores, incluso meramente pedagógicos, las diversas partes que componen el sector financiero, pero la realidad es que las interrelaciones entre las entidades e instituciones del sector son evidentes y frecuentes, y que el sector asegurador y el de fondos de pensiones está llamado a ejercer una función principal, no siempre subordinada a la banca y al mercado de inversión. En este proceso será fundamental el entendimiento a la hora de contratar y la debida protección conferida al consumidor.
Con este trabajo no pretendemos llevar a cabo un análisis en profundidad de la situación actual de este “tercer pilar” del sector financiero, sino, partiendo de sus perfiles más tradicionales y de su situación actual, tratar de anticipar las tendencias que marcarán su evolución, bajo la premisa de que una sociedad capaz de gestionar apropiadamente el riesgo, el largo plazo y el mantenimiento del nivel de vida de las personas de mayor edad puede ser más próspera, pero también más solidaria y respetuosa con el entorno natural y con el crecimiento sostenible.
Tras este apartado introductorio, en el segundo nos centraremos en la industria del seguro y en el tercero en la de los fondos de pensiones, con el propósito de proceder a su descripción y la identificación de tendencias ‒a veces coincidentes‒ para cada una de ellas, para cerrar este trabajo con el cuarto apartado, que contendrá de forma sintética las principales conclusiones alcanzadas.
[1] En una primera aproximación, el sistema financiero está integrado por los siguientes tipos de entidades (Edufinet, sin fecha): entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito, entidades de dinero electrónico, entidades de pago, fondos del mercado monetario, instituciones de inversión colectiva, sociedades y fondos de capital riesgo, sociedades de garantía recíproca, empresas de servicios de inversión, empresas de seguros y fondos de pensiones.
[2] La rápida subida de los precios hasta niveles no conocidos en tres décadas, empuja a quienes hayan podido ahorrar a invertir, no para la rentabilización de estos fondos sino, simplemente, para mitigar hasta donde sea posible la pérdida del poder adquisitivo del dinero.
[3] Siendo el sistema financiero único conceptualmente, reposa sobre tres pilares fundamentales, que son el mercado bancario, el de instrumentos financieros e inversión y el de seguros y fondos de pensiones, supervisados en nuestro país, respectivamente, por el Banco de España (entidades menos significativas) y el Banco Central Europeo (entidades significativas), por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
Tras la crisis financiera de 2008, en el ámbito de la Unión Europea, se configuraron las Autoridades Europeas de Supervisión: la Autoridad Bancaria Europea (“European Banking Authority”), la Autoridad Europea de Valores y Mercados (“European Securities and Markets Authority”) y la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (“European Insurance and Occupational Pensions Authority”).
Las empresas que intervienen como proveedores de servicios financieros difieren de un pilar a otro. Sintetizando, en el mercado bancario el papel más relevante lo asumen las entidades de crédito (bancos y cooperativas de crédito, pues apenas queda rastro de las cajas de ahorros, al menos, en España), en el de instrumentos financieros y fondos, las empresas de servicios de inversión (sociedades de valores, agencias de valores, sociedades gestoras de carteras y empresas de asesoramiento financiero) y las gestoras de fondos de inversión, y, en el de seguros y fondos, las entidades aseguradoras, los mediadores de seguros y las gestoras de fondos de pensiones (López Jiménez, 2015).
[4] Blasco et al. (2022, pp. 37, 39) muestran que la pandemia ha provocado el aumento de la propensión al “ahorro precautorio” frente al “ahorro-previsión” más propio del mundo del seguro.
[5] Según el art. 4.1 del Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de planes y fondos de pensiones, “También podrán ser entidades gestoras de fondos de pensiones las entidades aseguradoras autorizadas para operar en España en el ramo de seguro directo sobre la vida, y las mutualidades de previsión social, siempre que cumplan los requisitos previstos en este reglamento”, lo que evidencia las relacionas internas entre estas instituciones.
[6] En un país como el nuestro y en otros de su entorno, el espacio ocupado por el sector bancario, en sentido estricto, va a más. Los bancos “ponen sus dedos en muchos asuntos”: emiten tarjetas de crédito, formalizan hipotecas, negocian acciones y bonos, prestan servicios a grandes corporaciones… su actividad ofrece, por tanto, una visión completa de la evolución de la economía (The Economist, 2022).
Según AFI (2022, p. 1), “De las 203 aseguradoras operativas en España a cierre de 2020, 34 de ellas están vinculadas a los principales grupos bancarios del país. Tanto su peso dentro del negocio de seguros, como su contribución a las cuentas de resultados de sus matrices bancarias son muy notables. De hecho, en el pasado ejercicio, dicha contribución ha sido determinante para el sostenimiento de sus cuentas, en un contexto en el que las entidades bancarias tuvieron que realizar fuertes provisiones para la cobertura del deterioro crediticio de sus carteras provocado por la pandemia”.
[7] “La participación del 20%-30% de la banca en el ramo de no vida no es despreciable y, además es singular y relevante en algunas de las entidades” (AFI, 2022, p. 5).
