Los factores ESG (o ASG, en español), la sostenibilidad y las finanzas sostenibles no se deben identificar con la responsabilidad social corporativa (RSC). Ambas esferas comparten elementos, sin duda, como la preocupación ambiental y social, pero son realidades diferentes.
Durante décadas, solo se ha prestado atención, con cierta lógica, al desempeño financiero de las empresas de todo tipo. Sin embargo, en un contexto de cambio climático y de crisis sanitaria, desde hace años preocupa la relación del mundo empresarial con la sociedad y el medioambiente. Desde un punto de vista económico, han sido las externalidades negativas del sector empresarial y de las pautas de consumo de la clientela las que han motivado esta evolución de los acontecimientos.
A este compromiso empresarial con la sostenibilidad se debe llegar, además de por la presión de los financiadores, inversores y clientes, por la convicción del empresario y la por la necesidad de integrar esta visión en su estrategia de negocio.
Una serie de cambios legislativos en los últimos años han acelerado la importancia de la sostenibilidad. Uno de los más relevantes acaso sea la revisión del Código de Comercio en 2018 (Ley 11/2018) para introducir el deber de las compañías de mayor tamaño —500 empleados en 2018, 2019 y 2020/250 empleados desde 2021— de incluir en las cuentas anuales un informe auditado por un tercero (EINF) sobre la gestión ambiental, social y de gobernanza. Como ya ha anticipado la Comisión Europea, su propósito es que a partir de 2023 el número de compañías obligadas a elaborar este informe (nueva información corporativa de sostenibilidad) siga aumentando.
También merece la pena destacar, en lo que afecta a las sociedades cotizadas, que la revisión del Código de Buen Gobierno por la CNMV en junio de 2020 ha servido para reforzar el alcance de las recomendaciones del Código en lo que concierne a la sostenibilidad y la gestión de los riesgos no financieros.
En conclusión, todo ello evidencia un verdadero cambio de paradigma en lo que afecta al desarrollo de la actividad empresarial y, más en concreto, a la del sector financiero, como muestra el fenómeno de las finanzas sostenibles.
En la actualidad, no hay día en el que los supervisores (BCE, Banco de España) no refieran directa o indirectamente la necesidad de que el sector financiero contribuya con su aportación a la transformación del sistema productivo en otro más sostenible.
Hablamos de financiación sostenible cuando esta incide favorablemente en la mejora de la sociedad y del medioambiente, lo que, sin duda, es una finalidad muy genérica que se debe concretar.
Al margen de que el sector financiero está trabajando actualmente en la adaptación del conocido como Reglamento de Taxonomía de la UE, que pretende que el sector bancario disponga de un sistema de clasificación común para considerar cuándo una financiación es sostenible ambientalmente, las entidades están revisando en estos momentos sus propias metodologías relacionadas con la concesión de préstamos.
Por poner un ejemplo concreto, el BCE publicó en noviembre de 2020 una “Guía sobre riesgos relacionados con el clima y el medioambiente”, que contiene las 13 expectativas supervisoras en este ámbito. El BCE comenzará este mismo año 2021 a comprobar si los bancos supervisados siguen sus “recomendaciones”.
Una de ellas, la nº 8, dice literalmente que “En su gestión del riesgo de crédito, se espera que las entidades tengan en cuenta los riesgos relacionados con el clima y medioambientales en todas las fases pertinentes del proceso de concesión de crédito y que vigilen los riesgos de sus carteras”.
Esto quiere decir que, además de evaluar el fin genérico de la financiación, especialmente si se trata de financiación sostenible, las fuentes de ingresos del deudor, su solvencia, las garantías que pueda aportar… se va a comenzar a formular nuevas preguntas por los bancos y a solicitar nueva información y documentación sobre la gestión de las cuestiones no financieras.
El mayor riesgo social o ambiental de la operación también podrá incidir en el coste del crédito; que se logren estos fines de una manera efectiva podrá incidir en la rebaja del coste de la financiación.
Iremos viendo en la práctica cómo se termina atribuyendo a los clientes una especie de “rating ESG”, que facilite la relación con las entidades bancarias y el análisis y el seguimiento de las operaciones crediticias.
Por lo tanto, será crucial, primero, la toma de conciencia por todo tipo de empresas de la importancia de la gestión ESG. En segundo lugar, será precisa su efectiva preparación para la gestión, en la medida en que va a incidir en las condiciones y en el coste de la financiación en un futuro cada vez más cercano.
En este sentido, disponer de una calificación externa determinada conforme a estándares reconocidos y sólidos, puede facilitar la relación con otras empresas y con el sector financiero. Tenemos el antecedente de las calificaciones crediticias de las compañías y sus emisiones de instrumentos financieros.
El sector financiero elaborará metodologías propias, lo que no impedirá que se pueda contar con el apoyo de proveedores externos, sobre todo en esta etapa inicial de la consolidación del enfoque de la sostenibilidad y de las finanzas sostenibles, y de su pleno entendimiento por parte de todo el tejido empresarial.
