(Publicado en Social Investor el 28 de enero de 2021)
José M.ª López Jiménez y Arturo Zamarriego Muñoz
En esta era en la que no hay hecho diario, a escala global, que no sea impactante, ya no sorprende la orientación ambiental y social de la gestión de BlackRock. De los últimos días de enero de 2021 podemos destacar varios hitos, que marcarán el resto del ejercicio, quizás de la década, como son el regreso de los Estados Unidos al Acuerdo de París, el primer discurso del año de Christine Lagarde —sobre el cambio climático y el papel de los bancos centrales— o la carta de Larry Fink dirigida a los consejeros delegados.
Es significativo que la carta de Fink y el discurso de Lagarde, a pesar de la diferente naturaleza de sus respectivos mandatos, se entrelazan, sobre todo para destacar, cada uno con su estilo, que tenemos que actuar voluntariamente antes de que alguien nos obligue a ello. Lo que es evidente es que todo el sistema financiero, sin diferenciar entre los mercados de inversión, bancario o de seguros, debe dar una respuesta al unísono a este reto mundial sin precedentes.
Centrándonos en la carta del presidente y CEO de BlackRock, este constata que el cambio climático es “el principal asunto en la lista de prioridades de nuestros clientes”, que se interesan por la materia a diario. Y es lógico que sea así, porque la mayor parte del capital gestionado, como se admite en el primer párrafo de la carta, se orienta a “la jubilación de particulares y beneficiarios de pensiones”, lo que evidencia un interés a largo plazo para la atención de necesidades perentorias que podría verse frustrado.
Esta preocupación por la “A” de ambiental y por la “S” de social, que no se pueden escindir ni idealmente ni en la práctica —otra valiosa aportación de la carta de Fink de 2021—, le permite llegar al terreno que, legítimamente, la afecta, por su propia gestión y por su deber fiduciario respecto de sus clientes: “la transición climática presenta una oportunidad de inversión histórica”.
Y si la pandemia no ha detenido —“sorprendentemente”, en su opinión—, el interés de las empresas para abordar el cambio climático, sino todo lo contrario, ello obedece a que esta “crisis existencial” ha servido para recordarnos la fragilidad del individuo y de las comunidades en las que se integra.
Estas serán las bases, en lo esencial, del capitalismo inclusivo que, en su opinión, permitirán superar esta crisis y otros retos colectivos que están por venir, en línea con la tesis del “Business Roundtable” norteamericano, que no hace sino manifestar lo obvio, esto es, la función social empresarial, por mucho que, como en cualquier sector de la actividad humana, se hayan podido cometer excesos.
Pero las novedades de mayor calado del escrito de Fink es probable que las encontremos en el espacio de la gobernanza, en la “G” que cierra y da sentido a la “triada ASG”.
Partiendo de que el punto de llegada, ya expresado y asumido por las autoridades públicas, es que a mediados de siglo se alcance una economía con cero emisiones netas de carbono, las empresas que asuman este criterio y lo apliquen efectivamente se convertirán en auténticos “mirlos blancos” a ojos de los clientes, los reguladores, los empleados y, sobre todo, de sus accionistas e inversores. A propósito de los soberanos, también estos deberían divulgar cómo abordan los riesgos climáticos y ambientales, como recalca Fink: un “default” climático, al fin y al cabo, no sería descartable, en un entorno de endeudamiento público y de necesidad de invertir en infraestructuras públicas sin parangón.
Por lo tanto, será del interés tanto de los actuales inversores como de los potenciales —de los primeros para no salir, de los segundos para entrar— saber cómo se prepara cada gran compañía —cotizada o no— para gestionar los riesgos de sostenibilidad y las oportunidades que, inevitablemente, también surgirán.
En este punto, se lanza un claro mensaje a los gestores empresariales, a efectos de que divulguen información de calidad y uniforme (bajo la premisa, evidente pero que hay que recordar, de que para divulgar hay que gestionar antes): que tomen como referencias del reporte las recomendaciones del TCFD y los estándares del SASB.
Fink es contundente, pues insta a las empresas a informar sobre los planes para que su modelo de negocio sea compatible con unas emisiones netas de carbono nulas en 2050, con el respaldo de los consejos de administración, y a actuar sin esperar a que las autoridades regulatorias lo impongan, como ya anticipamos.
Tres comentarios merecen estas dos claras directrices de Fink: (i) la planificación estratégica de las grandes compañías suele desarrollarse a 3-5 años vista contados desde su aprobación, luego la dificultad de planificar con un horizonte de 30 años, en un escenario de incertidumbre radical, no es escasa; (ii) las autoridades públicas, como algunos supervisores financieros destacan recurrentemente, ya se han pronunciado en cuanto a cuál es el objetivo para 2050, luego no cabe alegar desconocimiento por parte de las compañías; y (iii) a pesar de todo, cierto apoyo regulatorio también brindaría la ayuda y la seguridad jurídica necesaria para que las empresas puedan comenzar esta gestión, y los consejos a darse por enterados y a establecer una estrategia general a largo plazo; si las normas de Basilea III se pudieron incorporar en la legislación bancaria mundial, lo que ha facilitado su aplicación uniforme por las entidades, no se ve por qué no podría ocurrir algo parecido con las normas que modelen, hasta donde sea posible, los factores ASG y su efectividad práctica.
La consecuencia de todo lo anterior es, como se detalla en la carta a clientes del Comité Ejecutivo Internacional de BlackRock, que complementa a la de Fink, que el escrutinio de los planes corporativos sobre la descarbonización se intensificará, al igual que el voto manifestado en las juntas generales de accionistas en contra de los consejos de administración y la retirada de la inversión (por mucho que la salida simultánea del capital por varios accionistas pueda representar un tiro en el pie, por la aceleración de la aparición de activos varados).
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