Papeles OECA, nº 1, abril de 2021
Los retos y los riesgos asociados al cambio climático, con sus derivaciones sociales, especialmente dañinas para los más desfavorecidos, son cada vez más evidentes.
La llamada a la acción por parte de las autoridades públicas, que deben marcar las pautas que orienten a los ciudadanos y empresas, se está renovando, pues el ritmo de degradación ambiental está avanzando más rápido de lo esperado.
El drama del cambio climático y sus efectos, como señaló en 2015 Mark Carney, entonces Gobernador del Banco de Inglaterra, reside en que los impactos catastróficos se sentirán en el medio y en el largo plazo, imponiendo un costo a las generaciones futuras que la generación actual —a no ser que su visión y sensibilidad pasen a ser otras más generosas y solidarias— no tiene un incentivo directo para solucionar.
Sin embargo, como en marzo de 2021 se señaló explícitamente desde el Banco Central Europeo por Isabel Schnabel, miembro del Comité Ejecutivo de la institución, los riesgos asociados al cambio climático “no se materializarán en un futuro distante sino mucho más rápido de lo que esperamos”, por lo que dicha tragedia se está convirtiendo en la “tragedia de que tenemos muy poco tiempo para actuar”.
Puede resultar llamativo que los bancos centrales se hayan convertido en portaestandartes de la causa de la lucha contra el cambio climático, lo que se puede explicar, de un lado, por su capacidad de análisis y de influencia en el control de los precios y en la estabilidad financiera, lo que puede permitir incidir, aunque sea indirectamente, en la gestión de los riesgos climáticos por las entidades bancarias y en una mayor y mejor canalización de la financiación y de la inversión hacia los sectores más necesitados para emprender y culminar la “transición sostenible”, y, de otro, por estar liberados de ciertas restricciones que dificultan la ágil toma de decisiones por parte de los Estados u otras instancias internacionales.
En todo caso, no se puede ignorar el papel activo, que también ha influido en el posicionamiento del sistema financiero europeo, de la Comisión Europea. De la abundante documentación generada, podemos destacar el “Plan de Acción para Financiar el Desarrollo Sostenible”, de marzo de 2018, en fase de revisión para su actualización en estos momentos.
Según el citado Plan de Acción, el sistema financiero “tiene un papel clave que desempeñar a este respecto. Se encuentra en pleno proceso de reforma para aprovechar las enseñanzas de la crisis financiera y, en este contexto, puede ser parte de la solución hacia una economía más ecológica y sostenible. Para reorientar el capital privado hacia inversiones más sostenibles se requiere un cambio general del funcionamiento del sistema financiero. Ello es necesario para que la UE pueda desarrollar un crecimiento económico más sostenible, garantizar la estabilidad del sistema financiero y fomentar una mayor transparencia y largoplacismo en la economía”.
El papel desarrollado y la experiencia adquirida durante la pandemia, con el trasfondo la alianza jurídico-privada que en nuestro país se ha exteriorizado, entre otras manifestaciones, con la provisión de liquidez a las empresas, han acentuado la función social de la banca y la necesidad de contar con ella tanto en la recuperación posterior a la pandemia como en la profundización de la lucha contra el cambio climático.
Son tres los fines del Plan de Acción de la Comisión Europea, que evidencian la magnitud de unos retos cuyo alcance supera ampliamente los contornos del sistema financiero para adentrarse en la propia redefinición del modelo productivo imperante durante las últimas décadas, demasiado volcado quizás en lo financiero y no tanto en la actuación no financiera de las empresas, esto es, en las vertientes ambiental y la social:
- Reorientar los flujos de capital hacia inversiones sostenibles a fin de alcanzar un crecimiento sostenible e inclusivo.
- Gestionar los riesgos financieros derivados del cambio climático, el agotamiento de los recursos, la degradación del medio ambiente y los problemas sociales.
- Fomentar la transparencia y el largoplacismo en las actividades financieras y económicas.
La nueva estrategia de la Unión Europea, formulada por la Comisión en febrero de 2021, sobre adaptación al cambio climático, constata que el cambio climático “está ocurriendo hoy”, lo que obliga a construir un “mañana más resiliente”, y que la frecuencia y la severidad de los fenómenos climatológicos extremos está aumentando. Aunque se actúe decididamente en este momento, la acumulación de gases de efecto invernadero provoca que no se puedan impedir determinados impactos. Incluso, las drásticas reducciones, impuestas por las circunstancias, en 2008 (crisis financiera) y 2020 (crisis sanitaria) han tenido un impacto escaso en relación con la trayectoria global del calentamiento global.
Desde la perspectiva de los grandes inversores globales, que canalizan el ahorro de los particulares, orientado en muchas ocasiones al momento de su jubilación, se aprecia un claro alineamiento con la posición de la Unión Europea y con la creciente relevancia de los factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG).
Desde hace algunos años, por ejemplo, se espera con sumo interés la carta que Larry Fink, el presidente y CEO de fondo de inversión BlackRock, dirige cada ejercicio a los consejeros delegados de las compañías hacia las que la inversión se podría dirigir o bien ser retirada, en función de que la gestión desarrollada esté alineada, o no, con estos nuevos valores ASG, expresamente acogidos en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que constituye el nuevo marco de referencia para ordenar la convivencia global.
En la carta anual de enero de 2021, Larry Fink constató que el cambio climático es “el principal asunto en la lista de prioridades de nuestros clientes”, que se interesan por la materia a diario. Y es lógico que sea así, porque la mayor parte del capital gestionado se orienta a “la jubilación de particulares y beneficiarios de pensiones”, lo que evidencia un interés a largo plazo para la atención de necesidades perentorias que podría verse frustrado.
Esta preocupación por la “A” de ambiental y por la “S” de social, que no se pueden escindir ni idealmente ni en la práctica —otra valiosa aportación de la carta de Fink de 2021—, le permite llegar al terreno que, legítimamente, le afecta, por su propia gestión y por su deber fiduciario respecto de sus clientes: “la transición climática presenta una oportunidad de inversión histórica”. Y si la pandemia no ha detenido —“sorprendentemente”, en su opinión—, el interés de las empresas para abordar el cambio climático, sino todo lo contrario, ello obedece a que esta “crisis existencial” ha servido para recordarnos la fragilidad del individuo y de las comunidades en las que se integra.
En el caso concreto de Unicaja Banco, en el marco general de la actuación desarrollada por los sistemas bancarios europeo y español, estamos dedicando durante los últimos años parte de nuestros esfuerzos a los retos asociados a las finanzas sostenibles, como muestra, por ejemplo, la implicación directa, de la mano de la CEA, en el Observatorio Empresarial para la Consecución de la Agenda 2030.
Este compromiso con la sostenibilidad se ha reforzado con la aprobación, en 2020, por el Consejo de Administración, de un Plan de Acción de Finanzas Sostenibles, con el que se impulsará la integración de los criterios ASG en la estrategia de negocio. A través de esta actuación, la Entidad se adapta a las tendencias y buenas prácticas en materia ASG, además de considerar las demandas de los grupos de interés, como los clientes y los inversores, entre otros.
Con este Plan de Acción de Finanzas Sostenibles, que consta de 21 medidas, se pretende ordenar la transición hacia un modelo de entidad que integre aspectos relacionados con la sostenibilidad, concretamente, en cuatro áreas: modelos y estrategias de negocio; gobernanza; gestión de riesgos (en especial, climáticos y medioambientales), y transparencia en la materia. En este sentido, Unicaja Banco persigue a través de esta iniciativa la progresiva incorporación de factores de sostenibilidad a su cultura corporativa, lo que se logrará, entre otras iniciativas, facilitando formación integral desde 2021 a todos sus empleados.
El rápido ritmo de avance para que la Entidad se dote de los instrumentos necesarios para afrontar los retos de los próximos ejercicios no se ha detenido en 2021, pues en los primeros meses del ejercicio se han aprobado por su órgano de administración la “Política de Sostenibilidad”, la “Política Ambiental, Energética y de Cambio Climático”, y la “Política de integración de los riesgos de sostenibilidad en el proceso de toma de decisiones y en el asesoramiento sobre productos de inversión y seguro”, a lo que se ha sumado la revisión de la “Política de Responsabilidad Social Corporativa”.
De todo lo anterior y de mucho más queda reflejo, en un ejercicio de transparencia, en la web corporativa de Unicaja Banco (unicajabanco.com), a la que nos remitimos para mayor detalle.
Como se aprecia, los desafíos que nuestra sociedad tendrá que enfrentar en los próximos años son enormes, pero tenemos la certeza de que el sistema financiero, en general, y Unicaja Banco, en particular, como entidad bancaria de referencia en nuestro país, desarrollarán sus funciones adecuadamente para posibilitar la transición hacia un modelo de convivencia y económico más justo y sostenible, atendiendo las directrices de los poderes públicos y las expectativas y las preferencias del conjunto de los ciudadanos.
