(Publicado en Social Investor el 10 de marzo de 2021)
Los bancos centrales son entidades de un marcado perfil técnico. Sus gobernadores, por lo tanto, no suelen ser conocidos por los ciudadanos, como tampoco es corriente que estos conozcan en qué consiste exactamente su actividad y qué fines de interés social promueven.
Sin embargo, gracias a tres crisis recientes (para el debate queda si guardan alguna relación entre sí o no) como son la financiera, la climática y la sanitaria, el protagonismo de los bancos y de los banqueros centrales en ambientes no monetarios o financieros ha aumentado notablemente.
Tenemos el ejemplo del actual presidente del gobierno italiano, Mario Draghi, cuando en 2012, como primer responsable del BCE, pronunció su histórico discurso sobre la preservación del euro (“whatever it takes”).
También Mark Carney se significó en su etapa de gobernador del Banco de Inglaterra, alcanzando un general reconocimiento por el público, como uno de los precursores de la relación entre los bancos centrales y las finanzas sostenibles (el discurso pronunciado en 2015 sobre la “tragedia del horizonte” también se ha convertido en una referencia ineludible para todos).
Solo los bancos centrales pudieron reaccionar con la suficiente rapidez, ante la lentitud de los procedimientos políticos y legislativos, al disponer en su arsenal de las herramientas necesarias para prevenir una crisis económica y social todavía mayor. Así, a las competencias en materia de política monetaria se les sumaron amplias facultades para la supervisión del sistema financiero, e, incluso, para la resolución de las entidades bancarias en crisis.
Como contrapartida, es indudable que este mayor poder, en el marco de la independencia característica de estas instituciones, debe ser ejercido responsablemente, con transparencia y con una adecuada rendición de cuentas a la ciudadanía. Esta es una de las razones que justifica que los banqueros centrales de nuestra época sean más conocidos y que, a veces, tengan una clara proyección política, como ha ocurrido en Italia, por ejemplo.
No es de extrañar que en la obra “Unelected Power” (2018), Paul Tucker, que asumió diversas responsabilidades en el Banco de Inglaterra, se pregunte si hemos asistido al surgimiento de una “cuarta rama del poder estatal”, equiparable a la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Este pertinente debate sigue abierto…
La lucha contra el cambio climático, como ya hemos anticipado, está suponiendo, inesperadamente, una nueva vuelta de tuerca en esta rápida evolución del rol de los bancos centrales en nuestra época. Nos genera inquietud que los banqueros centrales alerten sobre la superación de la “tragedia del horizonte”, al ser patente que los riesgos asociados al cambio climático “no se materializarán en un futuro distante sino mucho más rápido de lo que esperamos”, por lo que dicha tragedia se está convirtiendo en la “tragedia de que tenemos muy poco tiempo para actuar”, como señaló Isabel Schnabel, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, en un reciente discurso (“From green neglect to green dominance?”, 3 de marzo de 2021).
También es inquietante que mientras los representantes públicos institucionales siguen enredados en las grandes declaraciones políticas, sean estos hombres y mujeres de números, habituados a manejar los resortes de la política monetaria y de la preservación de la estabilidad financiera, quienes asuman un rol de liderazgo en la carrera contra el aumento de la temperatura media del planeta, con sus desastrosas e inimaginables consecuencias.
Para legitimar esta mayor implicación en la crisis climática, en el contexto de una crisis sanitaria que evidencia nuestras vulnerabilidades individuales y colectivas, los bancos centrales deben recurrir a sus tradicionales objetivos, que no contemplan desde luego la lucha contra la crisis ecológica, e interpretarlos tan extensivamente como sea posible, con el riesgo de excederse en sus cometidos (en Europa no ha sido infrecuente que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea haya revisado, siempre respaldándolas, las medidas de política monetaria no ortodoxa desplegadas últimamente por el BCE).
Los bancos centrales guían su actividad por sus respectivos mandatos conferidos legalmente, que tienden a ser homogéneos. Lo habitual, desde la independencia que los separa del poder político —por ejemplo, el Banco de España se rige por la “Ley de Autonomía” de 1994—, es que este mandato se centre en la toma de decisiones de política monetaria para mantener la estabilidad de los precios. Otros bancos centrales, como la Reserva Federal norteamericana, persiguen un “mandato dual”: al control de la inflación le suman el propósito de procurar la generación de empleo. Los anteriores serían, en general, los llamados “mandatos primarios”.
La estabilidad monetaria puede resultar afectada por inundaciones o por sequías frecuentes que destruyan las cosechas y provoquen la elevación del precio de los alimentos, como ha mostrado Frank Elderson, también miembro del Comité Ejecutivo del BCE (“Una política monetaria más ecológica”, blog del BCE, 13 de febrero de 2021).
Los Tratados de la Unión Europea, específicamente, imponen a las instituciones de la Unión, en general, actuar “en pro del desarrollo sostenible de Europa basado en un crecimiento económico equilibrado y en la estabilidad de los precios, en una economía social de mercado altamente competitiva, tendente al pleno empleo y al progreso social, y en un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del medio ambiente” (art. 3.3 del Tratado de la Unión Europea). Según Elderson, este mandato (“objetivo secundario”) —que podría denominarse sin dificultad el “mandato ASG”— impone al BCE el deber de prestar su apoyo al “desarrollo sostenible”.
Pero, más allá de los matices y de la interpretación de un marco jurídico dado en otra época y para otros fines, desde el Reino Unido se siguen dando pasos decididos para facilitar la involucración de los bancos centrales, del Banco de Inglaterra en concreto, en la lucha contra la crisis climática.
Un nuevo hito ha venido marcado, en los primeros días de marzo de 2021, por la carta del responsable del Tesoro británico, Rishi Sunak, dirigida por medio del Gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, al Comité de Política Monetaria (“Monetary Policy Committee”) de la institución.
Esta comunicación se envía anualmente por el Gobierno al Banco de Inglaterra, para especificar la definición de la estabilidad de precios y los objetivos de política económica gubernamentales, según la Ley del Banco de Inglaterra (“Bank of England Act”) de 1998.
Como novedad, en el escrito firmado por Sunak (“un movimiento críticamente importante”, según el tuit de Mark Carney de la misma fecha), expresamente se admite que uno de los objetivos del Gobierno es conseguir “un crecimiento sólido, sostenible y equilibrado”, que, a su vez, sea ambientalmente sostenible y consistente con la transición a una economía con cero emisiones netas.
Es decir, en el objetivo de crecimiento quedan incorporados, a un tiempo y totalmente solapados, los fines tradicionales y los más novedosos relacionados con la sostenibilidad y una sociedad libre de carbono (o, al menos, capaz de retirar tanto carbono de la atmosfera como el que genera).
Este mensaje genérico y de alto nivel se concreta cuando se señala, por una parte, que la estrategia económica del gobierno perseguirá las reformas estructurales que faciliten la transición sostenible, con un ambicioso programa de inversión en capacidades, infraestructuras e innovación, que contribuya a sostener el empleo, a aumentar la productividad y a mejorar los estándares de vida. Por otra parte, se apunta directamente al sistema financiero, el cual, además de proveer servicios financieros esenciales y de proteger a los consumidores, deberá “apoyar” la transición a una economía de cero emisiones netas (es decir, financiar la transición).
Con estas directrices, sin necesidad de forzar el “mandato legal” conferido al Banco de Inglaterra, el ejecutivo británico trata de alinear las directrices políticas y económicas con las de política monetaria y las de estabilidad financiera.
El movimiento es audaz, pues evidencia, por una parte, que los “mandatos legales” se pueden acomodar a la realidad sin grandes traumas, y, por otra, que ha llegado el momento de pasar a la acción, por mucho que las declaraciones solemnes y los “pactos verdes” puedan ser necesarios. No obstante, también implica la asunción de riesgos, como la pérdida de independencia de los bancos centrales. Quién sabe si los banqueros centrales dejarán de ser grises para convertirse en los héroes del siglo XXI.
Declaraciones de C. Lagarde en la rueda de prensa posterior a la sesión de comunicación de decisiones de política monetaria de 11 de marzo de de 2021.
«Governing Council that climate imperatives are nothing less than imperatives. I have said repeatedly that it is the biggest challenge that is addressed to us. Hence, in my view, any institution, whatever its mandate, whatever its remit has to question itself and wonder what can be done. Now, obviously, an independent central bank has to deliver on its mandate and we need to do that and we need to look at what we can do in compliance and in respect of our mandate, without over-interpreting the mandate. Using this primary objective, which in my view justifies fully that climate change matters. We actually take it into account for various reasons. The integrity of prices on the market. A good risk management. Appropriate supervision that falls under the responsibility of Andrea Enria, but on all those accounts we have to explore what we can do, how efficient we can be in doing so and to your very clear question, it will apply of course to how we value collateral. It will apply to how we value corporate bonds, with proper risks being taken into account».
