López Jiménez, J.Mª. y Zamarriego, A. (extracto del artículo publicado en Diario La Ley, nº 9089, de 27 de noviembre de 2017).

Que los créditos morosos o impagados de la banca europea, los llamados “Non-Performing Loans” (“NPLs” por sus siglas en inglés), son un foco de preocupación, es palmario. Según el Banco Central Europeo, nos hallamos ante este tipo de préstamos cuando han pasado más de 90 días sin que el deudor haya pagado los plazos o el interés pactados, aunque esta definición no es pacífica.

Pero esta inquietud no se limita al ámbito bancario, regulatorio o supervisor, sino que ha superado estas fronteras para llegar al de decisión puramente política.

Las implicaciones de esta problemática alcanzan a las entidades bancarias europeas individualmente consideradas, al sector en su conjunto y a la estabilidad financiera, pero también a los consumidores, que, además, en estos supuestos, son especialmente vulnerables, pues no habrán sido capaces de atender sus obligaciones de pago, lo que, en su caso, podría acarrear la ejecución de las garantías hipotecarias por las entidades acreedoras y la pérdida de su vivienda.

Los propios consumidores y las pequeñas y medianas empresas, indirectamente, también tendrán más complicado acceder al crédito bancario si los impagos en el sector financiero son excesivos, como así está demostrado que ocurre.

Desde luego, el momento es propicio, dada la debilidad de los bancos tradicionales, en general, para un incremento de la oferta crediticia a través de fórmulas alternativas, como la emisión de bonos, o el surgimiento de plataformas de financiación colaborativa, que, en nuestro país, se han regulado por medio de la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial.

Parece que las autoridades, con una mano, tratan de ayudar al sector bancario, pero, con la otra, promueven e impulsan la aparición de nuevos competidores tecnológicos (las entidades “Fintech”).

Aunque Fischer afirma que no es exacto concluir que el sector inmobiliario está en el centro de todas las crisis financieras, matiza que hay un claro enlace entre estas y las dificultades experimentadas por aquel sector. Tras una crisis financiera tan virulenta como la reciente, en la que, en efecto, entre otros desequilibrios, se han formado burbujas inmobiliarias en determinados países que han provocado un excesivo endeudamiento de las familias y de las empresas —también de las entidades bancarias para atender la demanda de financiación—, era inevitable que surgieran este tipo de incidencias. Su multiplicación ha supuesto la superación de las relaciones individuales banco-cliente para que el fenómeno pase a ser sistémico, afectando tanto a los bancos con altas tasas de mora o impago como a los que se encuentran en una situación más favorable, y, por extensión, a toda la ciudadanía.

Este es, precisamente, uno de los inconvenientes de la incipiente Unión Bancaria —quizás de la Unión Europea o de otros proyectos de integración política y económica, más en general—: une a los Estados y bancos participantes para lo bueno, pero también para lo negativo, pues la percepción por parte de terceros es de conjunto, sin diferenciar donde se encuentra realmente el origen de la problemática. Y una percepción menos buena o negativa incide en la confianza que despierta todo el sector, y, en la práctica, en el tipo de interés que han de satisfacer las entidades al pedir financiación en los mercados, en el volumen de financiación al que acceden, en los plazos de maduración, en la necesaria concesión de garantías, etcétera.

Por ello, la solución a los NPLs debe venir dada no a nivel nacional sino, más amplia y coordinadamente, desde el ámbito de decisión europeo.

Según hemos anticipado, lo que, inicialmente, era una cuestión sectorial o técnica, se ha elevado al nivel de preocupación política.

Al final de 2016, los NPLs representaban en Europa un 5,1% del total de préstamos (en términos brutos) frente al 1,5% de otras jurisdicciones como Japón o EEUU. Entidades de diez Estados miembros, entre los que se encuentra España, tienen una tasa de mora superior al 10%. La mayor dificultad radica en que hay Estados cuyos respectivos sectores bancarios están prácticamente libres de impagos (1% sobre el crédito concedido) pero, en otros, se alcanzan porcentajes de mora cercanos al 50% (especialmente graves son los casos de Grecia y Chipre).

Y eso que si atendemos a las enseñanzas de De Juan, «las peores pérdidas de un banco están ocultas en los créditos clasificados por el banquero como créditos vigentes o “créditos buenos”».

El inconveniente es que las acciones sobre los NPLs necesitan tiempo para su efectividad: se pueden alcanzar victorias parciales, pero hay que armarse de paciencia para apreciar una auténtica mejoría.


José María López Jiménez

Especialista en regulación financiera. Doctor en Derecho

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *