Islandia es una pequeña isla de raíces europeas pero muy alejada del continente. Su población es reducida, de unos 330.000 habitantes, y sus tierras son volcánicas. 

No es integrante de la Unión Europea pero, al ser parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, el estatus de este país se asimila al de los Estados miembros de la Unión, resultándole aplicable la normativa europea, siendo extensibles las lecciones islandesas, por ende, a los Estados miembros de pleno derecho.
El documental Inside Job (2010), dirigido por Charles Ferguson, más allá de que algunos de sus argumentos puedan ser discutibles y hasta superficiales, dedica sus primeros minutos a cómo se formó y explosionó la burbuja financiera islandesa, recopilando el testimonio directo y cualificado de algunos ciudadanos de la isla. 
En un país con un PIB de 13.000 millones de dólares, el valor de los activos de los bancos superaba el 1.000% del PIB, y las pérdidas del sector bancario ascendieron a unos 100.000 millones de dólares, es decir, unas 7,5 veces el PIB del país.
Como se narra en el mencionado documental, Islandia era, tradicionalmente, un modelo consolidado del Estado del Bienestar, con poco desempleo, un índice de criminalidad bajo y una deuda pública reducida. Se trataba de una sociedad moderna, casi «utópica». 
Sin embargo, el Gobierno islandés puso en marcha hacia el año 2000 un intenso proceso de desregulación, que afectó con virulencia tanto al medioambiente como, más adelante, a la economía. El ex primer ministro islandés fue sometido a un juicio, por su posible responsabilidad en la formación de la crisis financiera, aunque finalmente resultó absuelto de los cargos más graves y condenado por una cuestión menor.
El Gobierno privatizó los principales bancos, y las finanzas pasaron a desempeñar un papel preponderante. Tres pequeños bancos locales, que carecían de experiencia internacional, pidieron prestados en los mercados internacionales 120.000 millones de dólares. 
Uno de estos bancos era Landsbanki, tristemente conocido, por otra parte, por algunos inversores españoles que quedaron atrapados en sus bonos o participaciones preferentes (por ejemplo, entre otras, véanse la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid —Sección 11ª— núm. 304/2013, de 27 mayo de 2013, o la de la Audiencia Provincial de Barcelona —Sección 14ª— núm. 234/2013, de 12 abril de 2013).
Se formaron burbujas en los sectores financiero e inmobiliario: la bolsa se revalorizo en un 900% y el precio de la vivienda se duplicó. Se incentivó que los depositantes canalizaran sus ahorros desde las tradicionales y estables cuentas bancarias hacia otros productos financieros más sofisticados y volátiles, como son los fondos monetarios.
A finales de 2008 el sistema financiero islandés se vino abajo, muchos ciudadanos perdieron sus ahorros, y el desempleo se disparó, alcanzando un inasumible 10% en un país acostumbrado al pleno empleo. Comenzó la agitación social.
Islandia, en contra de lo ocurrido en los Estados Unidos —con alguna salvedad extraordinariamente relevante, como la de Lehman Brothers, que quebró en septiembre de 2008— y en la práctica totalidad de los países europeos, no acudió al rescate, con inyección de fondos públicos, de las entidades financieras.
Con grandes esfuerzos y con la asistencia del FMI y los préstamos recibidos de los países nórdicos y Polonia, Islandia ha sido capaz de salir adelante, normalizando, hasta cierto punto, su economía y su sistema financiero.
En un discurso de 26 de marzo de 2015, Már Guðmundsson, gobernador del Banco Central de Islandia, repasa la actualidad económica y financiera islandesa tras la crisis de 2008. La recuperación comenzó en 2010. En 2015 se ha retornado a niveles del PIB anteriores a los de la crisis. La tasa de desempleo ha caído agudamente. La inflación está por debajo de los niveles previstos. La deuda pública ha descendido desde 2011 en una tendencia favorable que persistirá en los próximos años. La deuda privada (familias y empresas) también decrece, retornando a niveles pre-crisis. El superávit comercial se ha estabilizado en el 8% del PIB desde 2009, fulminando los datos históricos que se comenzaron a registrar en 1875.
A pesar de este favorable panorama, una importante porción de la deuda es a corto plazo. Esta deuda, por lo general, está denominada en coronas islandesas pero es poseída por no residentes, lo que puede generar tiranteces.
Los tres nuevos bancos comerciales han tenido una buena «performance», y sus ratios de capital se sitúan cercan del 30%. A pesar de esta aparente solidez, algunas dudas sobre su tamaño y eficiencia siguen sin quedar bien resueltas.
El Tesoro ha vuelto a emitir y a tener acceso a los mercados internacionales, con una buena acogida por parte de las agencias de calificación crediticia, que también se ha extendido a los bancos comerciales.
Soplan buenos vientos, pero, como afirma el gobernador, «el partido no se ha ganado aún», y este entorno es prometedor pero frágil, en un contexto mundial definido por los bajos tipos de interés y la bajada de los precios del petróleo y de las materias primas.
El gobernador traza las necesidades más perentorias de Islandia: «Necesitamos un superávit del Tesoro, y tenemos que reducir la ratio de deuda del Tesoro. Necesitamos un fuerte ahorro nacional suficiente para mantener un nivel de inversión normal. […] Necesitamos grandes reservas de divisas suficientes para mantener la confianza de los prestamistas extranjeros, mantener nuestras calificaciones crediticias, y amortiguar la volatilidad. Necesitamos un sistema bancario que sea sólido y resistente». 
Es decir, nada distinto de lo que necesita cualquier otro país civilizado y endeudado.
Islandia es el único país europeo que dejó caer a sus bancos, pero su evolución ha sido la misma que la de las naciones que intervinieron en el sector con dinero público. Se anticiparon a la nueva regulación para la resolución de entidades bancarias, en las que prima el rescate interno soportado por accionistas e inversores sobre el rescate público externo.
Es posible que se puedan extraer muchas enseñanzas del caso islandés.

José María López Jiménez

Especialista en regulación financiera. Doctor en Derecho

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