La lectura, en general, de las “Conclusiones de las XXVI Jornadas Nacionales de Juezas y Jueces Decanos de España”, que resultan de las jornadas mantenidas en Málaga entre los días 24 y 26 de octubre de 2016, es inquietante. El sombrío panorama que se dibuja nos preocupa como profesionales del Derecho, pero, sobre todo, como ciudadanos.
Y lo peor es que, a pesar de la gravedad de todo cuanto se afirma en este imprescindible documento, no pasa nada: “El problema es que el transcurso de los años ha evidenciado que en España no existe una firme y decidida voluntad política para construir un Poder Judicial fuerte, moderno y eficaz. Sólo ha habido interés a la hora de establecer mecanismos institucionales de control o influencia”. Y no pasa nada…
Compartimos, como se afirma en las Conclusiones, que “el sistema no puede descansar exclusivamente en el voluntarismo o heroicidad de los jueces poniendo en riesgo su salud”, aunque echamos de menos algo más de autocrítica, pues parece que todos los males del sistema son ajenos a estos jueces y juezas que, verdaderamente, son unos héroes, pues los medios personales y materiales con los que actúan son más que limitados.
No pretendemos analizar el documento en su conjunto, sino, simplemente, dar cuenta de algunas consideraciones de interés relacionadas con la economía, que parece ser un terreno descubierto, en fecha reciente, por nuestra judicatura, pero que sin duda se ve alta y directamente afectado por su actividad desde hace años.
Es significativo que ya en el comienzo de las Conclusiones hay una alusión expresa “al comercio, el regular intercambio de bienes y servicios e incluso el desarrollo económico de un país”, como elementos que dependen para su efectividad de la Justicia.
Esta imbricación del ámbito judicial con el económico se reitera a lo largo de todo el documento, pero destacamos el siguiente párrafo:
“Por otro lado, no puede dejarse de lado la influencia del sistema judicial en el desarrollo económico, como han señalado los expertos en economía, el Consejo de la UE y el propio Banco de España en recientes informes. Son decenas de miles de millones de euros los que están en juego en el sistema judicial y son a la vez miles las empresas cuya subsistencia depende de la agilidad de la Justicia, algo que quizás algún día debiera llevar a una profunda reflexión sobre la necesidad de modernizar el sistema judicial y reducir los tiempos de espera para contribuir a la reactivación económica”.
Con habilidad, ya que las “apelaciones tradicionales” para la reforma del sistema judicial, de contenido más político o técnico, no han funcionado, conocedores como son de que el “orden público económico” es clave en la actualidad, incluso a costa de algunos derechos de los justiciables, los jueces y juezas, con buen criterio, tratan de llamar la atención, para que se acometa esa reforma que nunca llega, sobre la importancia de la administración de justicia para el desarrollo material y económico, mencionando que, por ejemplo, en el área recaudatoria (AEAT) “no se han escatimado recursos”.
Más adelante, en un extenso párrafo (“La Justicia como elemento dinamizador de la economía”) que merece una detenida lectura —y en cuyo inicio se admite que “el sistema judicial ha estado siempre alejado de los análisis económicos”—, se cifra el valor de los intereses económicos “judicializados” en unos 50.000 millones de euros (cifra cercana a la que ha servido para el rescate del sistema financiero español: 61.000 millones de euros).
Con evidente acierto nuestros jueces y juezas afirman que “no puede ser que tal potencial económico quede congelado en la Justicia”, que debe darse “una respuesta rápida a las situaciones litigiosas `congeladas´ en los tribunales” y que “la Justicia no puede ser un problema para la economía, al contrario, debe ser la solución”.
Nos hallamos ante un Poder del Estado. Los jueces y juezas integrantes del Poder Judicial son la última barrera del Estado de Derecho, traspasada la cual solo podemos hallar inseguridad, arbitrariedad y barbarie. Se han percatado tarde de la importancia del elemento económico, pero este puede ser crucial, sin duda, para que se acometa esa reforma del sistema judicial que antes o después debe llegar para garantizar la convivencia.
Para profundizar más:
Revista Extoikos, nº 12: La justicia como servicio público: la importancia de la perspectiva económica
Sistemas judiciales justos… y eficientes, por José Mª López
La justicia como servicio público vista por los ciudadanos, por José Mª López
